En un nuevo round del combate entre el gobierno nacional y las empresas de servicios públicos privatizadas, el presidente Eduardo Duhalde calificó ayer de "disparatadas" las versiones sobre un posible aumento de entre el 60 y el 70 por ciento en las tarifas. Las autoridades oficiales pretenden otorgar un incremento de emergencia de sólo el 10 por ciento, pero las empresas sostienen que una suba de ese nivel no alcanzaría para cubrir las estructuras de costos posteriores a la devaluación, y advierten sobre el eventual colapso de algunas prestaciones escenciales.
Las privatizadas presentaron el viernes sus planteos de recomposición al gobierno, pero la mayoría de ellas recurrieron a una descripción conceptual de la situación sin ir al detalle de las tarifas.
En su habitual programa de radio que se emite todos los sábados, Duhalde negó la existencia de presiones de parte de las compañías de servicios públicos para conseguir un aumento y ratificó la puesta en marcha de "un reclamo legal de reajuste de tarifas". No obstante, señaló que "parece que lo que algunos medios toman, o algunos pedidos (de las empresas) son absolutamente disparatados".
"Hablar de 60 o 70 por ciento de aumento es realmente absurdo", puntualizó el jefe de Estado y pidió que antes de hablar de porcentajes, hay que esperar que "siga en evolución" el procedimiento de negociación.
Las empresas presentaron el viernes al gobierno sus pretensiones de ajustes de tarifas, tal como lo requirió el Ministerio de Economía. Según los trascendidos, esos reajustes irían del 10 al 70 por ciento. No obstante, habría compañías que sólo elevaron propuestas conceptuales, por lo cual el gobierno les reiterará el pedido de precisar el porcentaje de aumento que solicitan. Las peticiones se deben presentar a más tardar el martes y a partir de allí se pondrá en marcha los procesos de audiencias y consultas públicas.
La mayoría de las empresas que dieron precisiones sobre la cifra de actualización de sus costos prefirieron no hacerlas públicas, no obstante lo cual circularon algunos números. Telecom, por ejemplo, habría pedido un aumento promedio del 30 por ciento, que llevaría el abono sin impuestos de 13 a 17 pesos para los clientes residenciales. De paso, la compañía habría sugerido que el gobierno ponga su parte rebajando los gravámenes fiscales.
Los pedidos más elevados provendrían de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Tal el caso de Edelap (Buenos Aires), que habría planteado un 70 por ciento, y Edenor (Capital Federal), que pediría un 45 por ciento. En Santa Fe, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que cobra a sus clientes "cautivos" una de las tarifas más altas del país, ha sostenido que no habrá aumentos.
Un vocero de Edenor, Alberto Lippi, advirtió que "si no mejora el ingreso de caja" de la empresa, no se podrá mantener el sistema eléctrico y se producirá un colapso. "Hoy la empresa no puede invertir ni mejorar instalaciones" dijo, y subrayó que "el único sector que no pudo actualizar sus costos es el de los servicios públicos".
En el caso de las compañías de aguas y gas, entre ellas Aguas Provinciales de Santa Fe (ver aparte), hasta ahora no precisaron la magnitud de los aumentos.
Por lo general las empresas no quieren hacer públicos sus planteos para evitar quedar expuestas ante la sociedad con peticiones irritantes en un escenario de profunda crisis económica. Prefieren presentar sus cuadros de costos e ingresos y que sea de última el gobierno nacional quien decida una cifra que ya descuentan estará lejos de sus pretensiones.
Después del martes se iniciará el proceso de audiencias. Las tarifas de energía eléctrica y gas se discutirán en audiencias públicas, con presentaciones orales en vivo y en directo, y en el caso de las de aguas y telefonía se efectuarán consultas públicas, con presentaciones por escrito.
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La Ciudad
