Las obras en las cárceles continúan paralizadas

Mientras las obras de las cárceles de Coronda y Las Flores siguen paralizadas, desde la semana pasada el gobierno de la provincia posee una circular en borrador en el que bajo el rótulo "texto definitivo" se comunica la redacción de un esperado decreto reglamentario: el que habilitaría algún mecanismo que permitiría compensar a las contratistas del Estado lo perdido desde la devaluación a esta parte. Una cuestión crucial, además de urgente, para las obras carcelarias que actualmente están en suspenso en la provincia de Santa Fe.
"Se trata de una cuestión laberíntica desde el punto de vista jurídico", se conduele el subsecretario de Obras Públicas de la provincia, Carlos Borra, quien al igual que toda la Casa Gris cruza los dedos para que esa norma vea la luz definitiva antes de que terminen los quince días durante los cuales la empresa que tiene a su cargo las obras en las cárceles de Coronda y Las Flores (Santa Fe) licenció a su personal, y que están en curso.
Entre la demanda de reconocimiento de mayores costos por parte de los contratistas privados y la urgencia ciudadana por la ola de inseguridad que ha superpoblado los establecimientos penales provinciales, las autoridades provinciales buscan una salida que pasaría por reconocer al menos en parte la razón de las empresas afectadas por el cambio de reglas financieras desde que se abandonó la convertibilidad para lo cual se convocó a la comisión para renegociar los contratos.
Desde el área de Hacienda, admiten que "a medida que haya algo más de plata hay idea de ocuparse de las cárceles, lo más rápido que se pueda dado que es un cuestión que urge" y por eso se decidió avanzar en la búsqueda de un instrumento legal que permita la actualización de contratos hacia el futuro.