Caracas. - Si fue sorpresivo para muchos el fallo conocido el último miércoles absolviendo a los cuatro militares implicados en la rebelión de abril pasado en Venezuela, más aún lo fueron ayer las revelaciones del propio Tribunal Supremo de Justicia alegando que el presidente Hugo Chávez dejó su cargo "porque quiso" durante las 47 horas que duró el citado golpe cívico militar de abril pasado.
El tribunal estimó que en abril "no hubo golpe de Estado" en Venezuela, sino "una ruptura del orden constitucional" porque Chávez "abandonó" la presidencia de su país en la madrugada del 12 de abril. Señala también que el mandatario fue trasladado "porque quiso" desde el palacio presidencial de Miraflores hasta el cuartel militar Fuerte de Tiuna de Caracas.
La sentencia resaltó que el inspector general de la Fuerza Armada Nacional, el chavista Lucas Rincón, anunció la dimisión de Chávez a pesar que éste jamás la formalizó. Según el fallo, "en esas condiciones, tampoco puede atribuirse a los imputados (militares procesados) la detención arbitraria del presidente, si en esa oportunidad se trataba de un ex presidente".
Una de las pruebas aportadas por el ministerio público al acusar de rebelión a los cuatro militares ante el tribunal fue la boleta de ingreso de Chávez en Fuerte Tiuna que se refiere a éste como "ex presidente de la Nación".
Por su parte, el gobierno venezolano continúa explorando estrategias para contrarrestar el fallo del Tribunal tratando de abrir resquicios legales para revertir un veredicto que puede tener imprevisibles consecuencias para Chávez. "Nosotros estamos respetando la decisión del Tribunal Supremo, desde el jefe del Estado hacia abajo lo hemos dicho, aunque no la compartimos porque creemos que hay un elemento de impunidad en esa decisión, muy peligroso para la estabilidad democrática del país", declaró el vicepresidente José Vicente Rangel. "Estamos estudiando los cauces legales y constitucionales para actuar contra el fallo", puntualizó. A su vez, el diputado oficialista Juan Barreto dijo que el partido de Chávez, el Movimiento V República (MVR) impulsará en la Asamblea Nacional una Ley de Tribunales, que permita la remoción de magistrados.
Asimismo y ante una acentuación de la polarización política en el país, Rangel indicó que se impulsará una nueva agenda de diálogo, con "una proyección social más que política", e incluirá al bloque empresarial Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la mayor central obrera, cuya cúpula es antichavista. Por otra parte, reveló que diversos organismos internacionales propondrán el nombre de un "facilitador de prestigio mundial que contribuya con el diálogo, como una manera de lograr disminuir las tensiones políticas en el país".
Finalmente, cabe señalar que el fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, se inhibió en la investigación solicitada por un grupo de abogados y un partido opositor contra el presidente Chávez por presuntos delitos de lesa humanidad por los sucesos de abril. "Me inhibí porque soy imputado, no porque esté acusado Chávez y Rangel sino porque también estoy acusado yo. Y si estoy acusado no me puedo investigar a mí mismo", explicó Rodríguez. (Télam)
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La Ciudad
