Buenos Aires.- El secuestro y asesinato del adolescente Diego Peralta, una tragedia que causó conmoción y derivó antenoche en una suerte de "pueblada" en su barrio, El Jagüel, generó un entrecruce de gravísimas acusaciones en las que cayeron tanto la policía, como la Justicia y hasta la política, por lo que el hecho podría convertirse en otro macabro símbolo de la grave crisis institucional y social actual.
Peralta, de 17 años, fue encontrado muerto el lunes a la tarde, flotando boca abajo en las sucias aguas de una tosquera de la localidad de Ezpeleta, a más de 30 kilómetros del lugar donde fue secuestrado, El Jagüel, 39 días después de haber sido secuestrado.
El cuerpo del muchacho presentaba "siete heridas de arma blanca producidas con un cuchillo de cocina", pero según fuentes del caso la muerte se habría producido por "asfixia por inmersión".
Los médicos forenses que realizan la autopsia habrían encontrado restos de plancton (microorganismos que se hallan en las aguas) en las vísceras y los pulmones de Peralta. Ese detalle hace suponer que el cuerpo fue arrojado con vida a la tosquera, aunque "probablemente los asesinos creyeron que ya había muerto", indicaron los informantes. Se presume que el muchacho fue asesinado hace aproximadamente diez días.
Por el hecho hay desde hace dos semanas un solo detenido, pero hasta ahora no había ningún indicio cierto sobre los culpables, mientras la familia Peralta, sus vecinos y organizaciones políticas y sociales de El Jagüel acusaron a policías de la localidad de tener vinculación con el suceso.
Sin embargo, desde el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Juan Pablo Cafiero, hasta el jefe de la fuerza Antisecuestros, comisario Angel Casafuz, pasando por el de la departamental de Lomas de Zamora, Claudio Smith, coincidieron en descartar en principio la participación de policías de El Jagüel en el secuestro.
Las sospechas en ese sentido se centran en el hecho de que el subcomisario de esa seccional, José Alberto Hernández, quien participó en el inicio de la investigación, ahora está preso en esa misma comisaría -junto a otros 24 policías y militares- acusado de extorsión a comerciantes del barrio.
Trama macabra
Mientras Cafiero no quiso aventurar hipótesis sobre la responsabilidad en el crimen, aunque insistió en que podría responder a un "complot", su segundo, el sociólogo Marcelo Saín, dijo que ese presunto complot tendría vinculación con "la política bonaerense", y no con la policía.
Según el funcionario, el aparato tradicional del PJ provincial se siente "molesto" por la gestión de Cafiero y la suya, ya que "no formamos parte de la interna y no estamos dispuestos a que el ministerio avale ningún tipo de financiamiento de la política utilizando algún sector policial".
Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, aseguró ayer compartir la "indignación" de la sociedad por el crimen del joven Diego Peralta, y advirtió que si los "sectores de la policía bonaerense" que se dedican a "cometer delitos o se asocian con delincuentes protegiéndolos" cumplieran con su función, los índices de inseguridad "bajarían en un 60 por ciento, por lo menos".
Ibarra deslindó la responsabilidad del gobernador bonaerense, Felipe Solá, o del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Cafiero, en el trágico episodio, y sostuvo que, "más allá de las investigaciones que deben producirse en este caso", el "problema de la Bonaerense data ya de una historia de muchos años".
"Desde el asesinato de (José Luis) Cabezas, pasando por el atentado a la Amia, los sucesos de Avellaneda y ahora con numerosos secuestros y robos, queda en evidencia que no pocos policías pertenecientes a la Bonaerense están involucrados en muchos delitos", apuntó.
El jefe de Gobierno porteño insistió en que la policía de la provincia de Buenos Aires "es una fuerza de seguridad donde grandes sectores, en lugar de cumplir con su obligación, se dedicaron a hacer verdaderas estructuras para cometer delitos o asociarse con delincuentes".
En tanto, el Bloque Piquetero Nacional marchó por la tarde desde el obelisco hasta la Plaza de Mayo en repudio a lo ocurrido y en demanda del esclarecimiento del caso, por el que acusó a la policía, y vecinos enfurecidos por el asesinato realizaron un "escrache" contra un concejal justicialista de Esteban Echeverría, a quien acusaron de "chorro, y narcotraficante", en medio de grescas entre distintos grupos. (DyN)
La Ciudad
