Bogotá. - Aprovechando facultades especiales que le confiere el estado de excepción, el gobierno colombiano anunció que interceptará llamadas de teléfonos móviles para prevenir atentados de rebeldes y paramilitares. El vicepresidente de la nación, Francisco Santos, fue el encargado de realizar el anuncio, aclarando que las encargadas de la tarea serán las fuerzas de seguridad "aunque con orden judicial previa". "Vamos a controlar las llamadas por teléfonos celulares principalmente desde las cárceles, desde donde salen las órdenes para cometer secuestros y ataques terroristas", declaró Santos.
En Colombia, los celulares son usados por delincuentes encarcelados para seguir coordinando secuestros y extorsiones, así como por extremistas que activan bombas a distancia por vía telefónica.
A su turno la ministra de Comunicaciones, Martha Pinto, dijo que los equipos para interceptar las llamadas serán instalados en la sede de la Fiscalía, en el oeste de Bogotá, cerca de la embajada de EEUU, y que desde allí se podrá localizar una señal emitida en cualquier parte de Colombia. Pinto añadió que las dos empresas operadoras de la telefonía móvil en el país andino -BellSouth y Comcel (ambas con capitales norteamericanos)- expresaron su plena disposición a cooperar con las autoridades para interceptar las llamadas y que el plan "no está dirigido a los teléfonos fijos de los ciudadanos de bien".
No al espionaje telefónico
El vicepresidente añadió que "se trata de hacer más eficaz la lucha del Estado colombiano contra la delincuencia" y aclaró que esa s operaciones no derivarán en un sistema de escuchas masivas a los ciudadanos. "Tengan por seguro que no habrá espionaje a los ciudadanos de bien, que habrá un respeto absoluto al Estado de derecho y a las garantías fundamentales", enfatizó Santos, un periodista que fue jefe de redacción del diario El Tiempo y que tiene a cargo la oficina de promoción y protección de los derechos humanos.
Fuentes policiales señalaron que los rebeldes de las Farc activaron mediante un teléfono móvil los explosivos que lanzaron el pasado 7 de agosto contra el Palacio de Gobierno y otros objetivos estatales y privados del centro de Bogotá, mientras asumía el presidente Alvaro Uribe, en una acción que dejó 21 muertos y unos 50 heridos. De acuerdo con la versión del jefe de la Policía Metropolitana, el general Héctor Castro, los guerrilleros lanzaron 14 morteros caseros desde una vivienda ubicada a unos dos kilómetros de distancia del Palacio de Gobierno, y tenían listos otros 100 artefactos para arrojarlos en el centro de la ciudad.
Además de interceptar las llamadas, el estado de excepción decretado el lunes contempla la posibilidad de que el ejército y la policía realicen allanamientos y arrestos sin orden judicial y restringir la movilización de personas, según las autoridades.
* El defensor público en el departamento de Nariño (frontera con Ecuador), César Ordóñez, fue asesinado ayer en la ciudad de Pasto por hombres armados sin identificar. Ordóñez, un reconocido activista de derechos humanos de 51 años, era familiar del gobernador de Nariño, Parmenio Cuéllar. Según allegados de la víctima, al parecer ésta iba a ser objeto de un secuestro, pero presentó resistencia y fue asesinado por dos hombres que lo abordaron cerca de su residencia.
* El ex gobernador del departamento colombiano de Arauca (este), Héctor Gallardo, fue secuestrado ayer en territorio venezolano. Gallardo se desplazaba con su esposa y su conductor en territorio venezolano cuando en inmediaciones de las poblaciones de El Amparo y Guasdualito, fueron interceptados por tres hombres encapuchados que se encontraban en un vehículo obstaculizando la vía.
* La fuerza aérea colombiana bombardeó el lunes varios campamentos y laboratorios para el procesamiento de drogas de las Farc.
* Seis civiles muertos dejaban ayer los combates que desde el pasado fin de semana libran rebeldes de la Farc con los grupos paramilitares de ultraderecha en el noroeste de Colombia. (Télam, DPA y AFP)
La Ciudad
