El Ministerio de Economía estudia una garantía estatal a los grandes grupos empresarios para que renegocien sus deudas con el sector financiero y eviten caer en quiebra, admitieron fuentes de esa cartera.
Un vocero del Palacio de Hacienda explicó que "el mecanismo podría ser de una asociación del Estado y los empresarios a través de la toma de capital accionario o de títulos de deuda". A cambio, las empresas se comprometerán a especificar en qué invirtieron el dinero tomado y a mantener las fuentes de empleo.
"La idea es que el Estado argentino renegocie su deuda con los sectores financieros, y que paralelamente le sirva de aval a las empresas para que hagan lo propio. No hay un país saneado si las empresas están quebradas", dijo ayer a la agencia de noticias oficial Télam el funcionario que pidió mantener el anonimato .
Al admitir la existencia de un plan de salvataje para los grupos económicos el gobierno reinstala un tema especialmente polémico dentro de las decisiones de política económica. Si bien no es precisamente un seguro de cambio, la figura de la garantía estatal compromete los recursos del Estado como última instancia si los privados no llegaran a afrontar sus compromisos.
De hecho, la garantía oficial fue una fórmula aplicada junto al seguro de cambio en la recordada estatización de deudas privadas promovida por Domingo Cavallo en 1982. En aquella oportunidad muchas empresas no pagaron y el resultado directo fue un abultamiento de la deuda pública.
Al principio de la gestión de Eduardo Duhalde las grandes compañías obtuvieron la pesificación de sus deudas locales en dólares, durante el período en que el industrial José Ignacio de Mendiguren se desempeñaba al frente del Ministerio de la Producción. De allí en más se empezó a discutir la posibilidad de acceder a alguna ayuda, en particular un seguro de cambio, para afrontar abultadas deudas contraídas en el extranjero, ante la imposibilidad de cumplir con los vencimientos.
La Asociación de Empresas Argentinas, surgida tras la devaluación y liderada por Oscar Vicente, del grupo Pérez Companc, es el ariete que montaron las grandes compañías para negociar una fórmula de salvataje con el gobierno.
A partir del default unas 65 empresas entraron en cesación de pagos y hasta ahora sólo Impsa, del grupo Pescarmona, pudo renegociar todos sus compromisos.
A fines de julio el principal grupo nacional, Pérez Companc, decidió vender su unidad de Energía, Pecom Energía, en 1.100 millones de dólares a la estatal brasileña Petrobras como forma de reducir su pesada deuda. Esto motivó que varios grandes grupos empresarios expresaran su oposición a esa operación ya que ven en ella un ejemplo que no quieren seguir: la venta de activos para reducir su abultada deuda con el sector financiero.
Hasta julio las principales empresas que operan en el país, sean de capitales nacionales o extranjeros, lograron renegociar 3.380 millones de dólares que vencían en concepto de Obligaciones Negociables (ON), es decir títulos que emiten las empresas para hacerse de dinero, pero a riesgo del tomador.
Como ejemplo de esta renegociación el grupo Pérez Companc, titular de Pecom, extendió por cuatro años los 997 millones de dólares que vencían este año y lo mismo hizo Aeropuertos Argentina 2000 por 150 millones.
Para lo que resta del año, y sólo en ON las empresas deben afrontar deudas por otros 3.043 millones de dólares.
La moneda de cambio
A cambio de garantizar toda la deuda privada en dólares contraída por las empresas en el extranjero, el gobierno les piensa exigir que no despidan a más trabajadores. "Pediremos que se siga garantizando la paz social, manteniendo los planteles laborales para no ahondar más la desocupación", dijo la fuente gubernamental.
Según este vocero, Economía no tiene previsto dar un cheque en blanco a las grandes compañías. Se analizará caso por caso el pedido de avales y se indagará en qué se invirtió el dinero pedido en el exterior.
Esta advertencia no es en vano, ya que las cuentas públicas reconocen que existen más de 100.000 millones de dólares de argentinos depositados en el exterior, que son el fruto de la evasión y de la fuga de divisas.
Aunque el ministro de Economía, Roberto Lavagna, ha negado sistemáticamente la posibilidad de extender un seguro de cambio a los grandes grupos económicos, el secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, entreabrió la puerta hace pocos días.
El funcionario destacó que "ha sido una preocupación permanente del gobierno no dejar descalzadas a las empresas para permitir que cualquier capital extranjero pudiera presentarse y participar de la compra de su paquete con mucho menos valor del que tenía en diciembre".
"El Estado deberá participar en todos y cada uno de los casos para evitar que sea agredido o lastimado nuestro capital, porque cada vez se aleja más la posibilidad de reconstruir una burguesía nacional", dijo en declaraciones a la prensa.
En la misma línea el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, sostuvo que se permitirá a los inversores pasar de bonos argentinos a títulos de deuda de las empresas.
La Ciudad
