Caja: polémica por una decisión de la Justicia

El juez santafesino Raúl Candioti ordenó a todas las entidades que aportan a la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe, la presentación de la documentación para verificar las presuntas irregularidades a raíz de la denuncia penal presentada por el interventor Fernando Bondesío.
La actuación judicial generó malestar en los distintos ámbitos por las complicaciones que implica la entrega de material acopiado durante varios años de parte de un grupo importante de contribuyentes. En ese sentido, el interventor de la Caja hizo hincapié en separar el accionar judicial con las medidas adoptadas internamente en la entidad. "La justicia está investigando diez años para atrás y nuestra actuación es para reordenar el presente de aquí en más", indicó.
El juez Raúl Candiotti liberó un oficio para que las comunas, municipios, escuelas y Samcos, entre otros, presenten la documentación correspondiente a un período de diez años y así verificar las presunta situación de irregularidad de los aportantes. El procedimiento se realiza en el marco de la denuncia penal presentada en diciembre del 2001 por interventor de la Caja y que fue ampliada en abril de 2002, ante las irregularidades registradas en la entidad. Entre los posibles ilícitos figura la falta de aportes patronales de los trabajadores del Estado, la destrucción de todos los archivos informáticos del área de contralor, la falta de registros de aportes de colegios privados y profesionales, además de las anomalías en descuentos de afiliados a la Caja dispuestos por la ley de emergencia, entre otros.

Antes y después
Bondesío aseguró que tras la aplicación de una férrea política de reordenamiento interno se pudo cambiar totalmente el área de contralor de la Caja de Jubilaciones, que había sido sometida a un estado de descontrol absoluto, de una gravedad tal que motivó no sólo una denuncia penal ante la Justicia de Santa Fe sino también una investigación interna y la adopción de medidas para recomponer la credibilidad de un organismo que había sido desquiciado. Según el funcionario, la destrucción de los archivos impidió al organismo formular los cargos tendientes a ingresar los aportes adicionales previstos en la ley de emergencia.