Empresarios del sector comercial provincial definieron ayer un plan para el lanzamiento de la "Tarjeta de crédito regional". Una estrategia que apunta a competir de lleno con los plásticos emitidos por el sector financiero.
El desarrollo de la tarjeta de crédito regional se llevará adelante en coordinación con la Came (Coordinadora de Actividades Comerciales) y junto con programas ya existentes avalados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los comerciantes, durante el cónclave que sostuvieron ayer en la Federación de Centros Comerciales (Fececo) provincial en la ciudad de Santa Fe, insistieron con los graves problemas que tienen para operar con las tarjetas de crédito tradicionales.
Los empresarios dejaron en claro que el "abuso de posición dominante que ejercen las emisoras de tarjetas de crédito y los excesos y distorsiones, tanto para consumidores como para empresarios a que las mismas los someten, representan una amenaza para el mercado interno".
Por esta razón, la Fececo tomó la iniciativa de trabajar "en un modelo de tarjeta de crédito regional que contrarreste los efectos negativos de las tarjetas tradicionales".
Sin embargo, los empresarios consideraron clave la intervención del Estado para regular su funcionamiento. Aunque los costos no fueron detallados, los directivos señalaron que serán "adecuados a las circunstancias actuales".
La convocatoria de la Federación de Centros Comerciales provincial se llevó a cabo en el marco de los graves problemas que afectan al sector con la profundización de la crisis económica por la que atraviesa el país y la consecuente contracción del consumo en el mercado interno.
El secretario de la Producción santafesino, Oscar Alloatti, presente durante el encuentro, coincidió con la legitimidad de los reclamos de los empresarios de la bota provincial.
Una cuestión de pesos
Por otra parte, los comerciantes santafesinos plantearon la imposibilidad de hacer frente al aumento salarial de cien pesos, así como también se analizó lo referente a la inseguridad frente a los robos, el corralito financiero, los impuestos provinciales, el impacto de un aumento en los servicios públicos, clubes de trueque y vendedores ambulantes.
En lo que hace al pago del aumento salarial de cien pesos para el sector privado dispuesto por el gobierno nacional, los comerciantes resaltaron la dificultad de afrontar la nueva disposición y esgrimieron como única forma para su cumplimiento que se pueda tomar como crédito fiscal de libre disponibilidad, deducible de cualquier impuesto.
Los comerciantes que participaron del encuentro sostuvieron que la resistencia de los sectores de la producción no es caprichosa, sino que se trata de un verdadero impedimento, fruto de la parálisis productiva por la que transita el país.
Los empresarios también remarcaron el carácter discriminatorio del aumento salarial para el sector privado definido por el gobierno nacional, si se tiene en cuenta que el mismo gobierno reconoce que el incremento no lo puede trasladar al trabajador estatal, a pesar de que existe una suba de los niveles de recaudación en los últimos meses.
Los empresarios pusieron de relieve que no colocan en tela de juicio el derecho de los trabajadores, ni tampoco la validez del intento por reconstruir el poder adquisitivo para generar una mayor capacidad de consumo.
La Ciudad
