En Rosario no existe un cuerpo oficial de psicólogos forenses. En lugar de recurrir a profesionales de la psicología que trabajan en órganos públicos, como mandan las normas vigentes, los jueces provinciales derivan los estudios de ese tipo a un organismo que no tiene reconocimiento oficial de la Corte Suprema de Justicia. Se trata del Gabinete de Psicología Forense, en realidad un grupo de psicólogos que trabaja en los Tribunales pero que ingresaron al Poder Judicial como empleados administrativos y para lo cual rindieron, apenas, un examen de dactilografía.
Si bien en la Corte admiten que los dictámenes de este gabinete no tienen valor como prueba en un proceso judicial, la realidad indica que muchos magistrados los tienen en cuenta. Hay decenas de expedientes en los que hasta fueron utilizados como un indicio clave para dictar fallos en casos tan complejos como el abuso sexual de menores o la tenencia de un hijo entre cónyuges divorciados.
El Colegio de Psicólogos lleva años reclamando la apertura de concursos para cubrir de una vez por todas este bache, pero la Corte alega que no hay presupuesto y mientras tanto los psicólogos-empleados de Tribunales explotan de hecho el vacío.
Un gabinete, pero no de la Corte
No se sabe si por desconocimiento acerca de su verdadera conformación o simplemente por comodidad, los jueces locales encargan las pericias psicológicas a este gabinete, que según algunos cálculos está conformado por entre 8 y 10 profesionales. Pero un alto funcionario de carrera de la Corte, que pidió reserva de su nombre, dijo a La Capital que el máximo tribunal no reconoce a este organismo.
La misma fuente también reveló que si bien la ley orgánica de Tribunales tiene prevista la creación de un cuerpo oficial de peritos en esta materia, como los hay calígrafos o contadores, esto todavía no ocurrió y ni siquiera está en los planes hacerlo en el corto o mediano plazo.
Existe, sin embargo, una vía legal para cubrir ese vacío. El Código de Procedimientos Penales, por ejemplo, indica taxativamente que si no hay peritos oficiales los jueces deben recurrir a profesionales idóneos que trabajan en organismos públicos para hacer este tipo de estudios, siempre complejos y muchas veces decisivos para desentrañar la personalidad de, por caso, un presunto violador. En el caso de los psicólogos, los magistrados podrían encontrarlos en los hospitales psiquiátricos (el Agudo Avila es uno de ellos) o en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.
El presidente del Colegio de Psicólogos, Juan Marchetti, también admitió la situación irregular que plantea la existencia de este Gabinete de Psicología Forense. "Por lo que sabemos, son psicólogos que trabajan en los Tribunales y hacen pericias como una extensión de sus tareas. Pero lo hacen sin haber concursado el cargo y trabajan gratis porque la Corte no les paga por esa tarea", dijo.
Marchetti aclaró que el Colegio no pone en duda la idoneidad profesional y personal de esos psicólogos, pero sostuvo que deberían demostrarlo en un concurso abierto del que pudieran participar todos los interesados. "Y en igualdad de condiciones", remarcó.
"No es más que un sello"
Desde la Corte, en tanto, se reconoció que las partes involucradas en un proceso judicial podrían plantear la nulidad de las pericias realizadas por estos profesionales. "Técnicamente, sus dictámenes no tienen valor legal", advirtió.
De hecho esto ya ocurrió hace unas tres semanas. María de los Angeles Milicic y Víctor Corvalán, abogados defensores de un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de tres años, lo hicieron ante la jueza que lleva el caso (María Luisa Pérez Vara, del juzgado de Instrucción Nº 5) y también plantearon formalmente el problema a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio de Psicólogos. "Este Gabinete de Psicología Forense no es más que un sello y sus miembros no tienen facultades para hacer dictámenes", señalaron en un escrito.
Pero el tema no es nuevo para la Corte porque el Colegio de Psicólogos ya lo planteó muchas veces. "Llevamos años haciéndolo. Siempre nos atienden muy bien pero nos dicen que no hay presupuesto", contó Marchetti. Aparentemente las autoridades del Poder Judicial pretenden que sea el colegio el que haga lobby ante el gobierno provincial para que cree el cuerpo oficial de peritos y asigne las partidas presupuestarias correspondientes.
Extrañamente, hasta donde se sabe en el máximo tribunal nunca se hizo nada para impedir que este grupo siguiera produciendo dictámenes que los jueces toman en cuenta como si fueran oficiales.
En el Colegio de Psicólogos, en tanto, la presentación de los abogados Milicic y Corvalán originó la apertura de un expediente en el Tribunal de Etica para investigar si los profesionales del gabinete violaron alguna norma de conducta de los profesionales de esa ciencia. La causa está en pleno trámite y por el secreto que rodea a este tipo de actuaciones no se pudo conocer detalles sobre el caso.
Según los abogados que dispararon la discusión del tema en estos dos ámbitos, uno de los aspectos más cuestionables de la labor de estos profesionales es que no actúan con independencia, un requisito esencial de cualquier perito que intervenga en un proceso judicial. "Ellos trabajan en el Poder Judicial y por lo tanto no son independientes", argumentaron. Otra situación igualmente regular es que los abogados de las partes no controlan estas pericias, algo que resulta indispensable para garantizar la defensa en juicio de cualquier acusado.
La Ciudad
