El llamado corralito impuesto a los ahorristas y las normas dictadas por el gobierno en un intento por evitar el "goteo" de depósitos por la vía de recursos de amparo generaron la réplica de las autoridades del Colegio de Abogados. Su presidente, Mario Holand, no dudó en calificar de inconstitucionales las disposiciones restrictivas del acceso a la Justicia.
-¿Qué opinión le merecen las últimas normas emanadas del Ejecutivo en torno a la salida de depósitos por el "corralito"?
-En reiteradas oportunidades, el Colegio de Abogados de Rosario ha puesto de manifiesto que, a partir del inicio de esta escalada, las normas dictadas en materia financiera, prácticamente, son todas inconstitucionales. Sabemos que durante la vigencia del llamado "derecho de la emergencia" suele desdibujarse un tanto el límite de la legitimidad ordinaria, pero hoy estamos asistiendo, atónitos, a una creciente vulneración de los derechos y garantías elementales. El decreto dictado recientemente por el Ejecutivo, obstaculizando la tramitación de las acciones de amparo, constituye un escalón más dentro de lo que hoy ya es un ostensible tratamiento arbitrario de la cuestión, desnaturalizando inconstitucionalmente el instituto. La gente recurre a su último refugio: la Justicia.
-Pero los organismos internacionales de crédito aconsejaron reducir el "goteo".
-Usted se refiere a las recomendaciones impartidas por los "notables". Un estado soberano no puede edificar la solución a sus problemas al compás de cerrar sus Tribunales. Fíjese que de la lectura de tales "instrucciones" prácticamente se desprende la recomendación de eliminar, en forma definitiva, cualquier régimen normativo que permita a la población el acceso a un debido proceso para postular el reconocimiento de sus derechos. Eso es inadmisible, cualquiera fuere la situación de excepción que nos toque transitar.
-Sin embargo algunos funcionarios se refirieron a un aparente "negocio de abogados" en la tramitación de los recursos de amparo.
-Mire. Es natural que se reciba tales imputaciones. El Estado fomentó la confianza en el sistema financiero, dictando en su momento la ley de intangibilidad de los depósitos. Luego, el Estado destrozó la fe pública y las expectativas legítimas, impidiendo el acceso de la comunidad a sus bienes. Hoy, el capítulo siguiente es negar el acceso a la Justicia, y con ello, es obvio que intente defenestrarse a los operadores jurídicos, profesionales a los que recurre la ciudadanía acorralada para postular por lo suyo. Detrás de cada abogado que ocupa un lugar en las largas colas frente a los Tribunales hay un ciudadano burlado, una familia, un trabajador, un empresario, un ahorrista, un jubilado. Los abogados no tomamos la decisión unilateral de plantear acciones o recursos. La ciudadanía acude a nuestro servicio profesional para reclamar lo suyo. Para estas reglas de juego, es obvio que resulte incómodo el accionar de los profesionales del derecho, ya que hablamos de orden normativo, de Constitución nacional, del imperio de la ley y de la separación de los poderes. Reclamamos la vigencia de los tratados internacionales. Instruimos a la ciudadanía acerca de la defensa de sus derechos.
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La Ciudad
