Washington. - Por una estrecha votación, el gobierno de George W. Bush obtuvo en la madrugada de ayer una importante victoria legislativa, que le facilitará la instalación de una zona de libre comercio en las América antes de la fecha tope del 2005. La Cámara de Representantes de EEUU aprobó la ley de Autoridad para la Promoción Comercial, que incluye el "fast track" largamente reclamado por Bush para negociar con mayor poder acuerdos de libre comercio, y la extensión y ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpa).
Bush felicitó los Representantes y urgió al Senado aprobar también el proyecto antes del receso de agosto.
La versión aprobada en la madrugada de Washington por la Cámara de Representantes pasará ahora al plenario del Senado para su votación la semana próxima, pero la verdadera prueba fue en la Cámara baja, de mayoría demócrata, que aprobó la primera versión de esta ley con 215 votos a favor y 212 en contra, lo que demuestra la intensa controversia desatada por el proyecto. La Cámara alta, de mayoría republicana, había aprobado la primera versión de la Autoridad para la Promoción Comercial por un amplio margen de casi dos votos a favor por cada voto en contra, por lo que la Casa Blanca espera recibir la semana que viene el proyecto aprobado, para su firma y promulgación. La votación en la Cámara de Representantes tuvo lugar en el último día de sesiones antes del receso de verano, que se extenderá durante un mes.
Unas horas antes de la votación, Bush se trasladó de la Casa Blanca al Capitolio y se reunió a puertas cerradas con los representantes republicanos, en un último esfuerzo por lograr que este paquete de leyes comerciales fuera aprobado.
La Autoridad para la Promoción Comercial, conocida ahora como TPA por sus siglas en inglés y antes como "fast track" o vía rápida, permitirá al Ejecutivo negociar acuerdos de libre comercio con países o bloques, que luego el Congreso podrá aprobar o rechazar, pero no enmendar.
Preferencias arancelarias
El paquete de leyes también contiene la largamente esperada renovación y ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpa, en inglés), que venció en diciembre pasado. El Atpa fue aprobado originalmente en 1991 y rigió durante 10 años garantizando aranceles reducidos para la importación a EEUU de una serie de productos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como forma de promover el desarrollo de fuentes de trabajo y de ingreso alternativas al cultivo de coca.
Los países andinos, la administración Bush y los legisladores de ambos partidos en el Capitolio coincidieron siempre en lo beneficioso que resultaba para ambas partes extender la vigencia del Atpa, pero el proyecto fue vinculado al "fast track" y otros proyectos comerciales sobre los cuales existen profundas divergencias en el Congreso, y el paquete quedó estancado durante meses.
Al acercarse el receso de verano, la Casa Blanca aumentó la presión para lograr la aprobación de algunas leyes que considera de máxima importancia, entre las que se cuentan las de seguridad interna -incluyendo la creación de un superministerio- y de responsabilidad corporativa, iniciativa surgida tras los escándalos de megaempresas como Enron o Worldcom.
En el caso del "fast track", Bush solicitó su aprobación al Congreso indicando que era indispensable contar con esa herramienta para que otros países puedan negociar con la Casa Blanca un acuerdo de libre comercio sin temor a que después los legisladores modifiquen las cláusulas negociadas durante meses, y a veces años. Cuando las autoridades reconocieron que la economía había entrado en recesión, poco después de los atentados del 11 de septiembre, Bush argumentó que el TPA era una herramienta que necesitaba como parte de su plan de reactivación económica.
El paquete comercial también incluye una ley que destinará miles de millones de dólares de recursos federales a compensar a los trabajadores que resulten perjudicados por la apertura comercial, a través del pago de seguros de salud para los que pierdan sus fuentes de trabajo e inversión en entrenamiento p ara reubicarlos en otros sectores de la economía. (DPA y Reuters)
La Ciudad
