Editorial

Un juicio vital

Desde el 24 de septiembre del año pasado un tribunal repasa cada detalle de lo poco que la Justicia sabe del segundo atentado terrorista que sufrió la Argentina, el que destruyó la Amia el 18 de julio de 1994. De sus conclusiones dependerá la suerte de cinco personas acusadas de partícipes necesarios. Los magistrados Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo eligieron el camino más exhaustivo: desandar todo lo andado en ocho años por el juez federal Juan José Galeano desde el primer día y escuchar a cada sobreviviente, a cada bombero, a cada persona que tuvo algo que ver con lo ocurrido.
En diez meses, a paso lento y minucioso, la reconstrucción histórica llegó hasta ahora al momento en que una camioneta Trafic siniestrada pasó de mano en mano en sucesivas compraventas hasta llegar a su último poseedor y acusado, el reducidor de autos Carlos Telleldín.
Se vio en las audiencias que tres pericias ordenadas por el tribunal confirmaron las que se hicieron en la causa: hubo un coche bomba, la explosión fue fuera de la mutual y jamás pudo ser ocasionada por explosivos ocultos en un volquete, como intentaron hacer ver los defensores.
Más allá de sus idas y venidas, de sus acusaciones y exabruptos, el reducidor de autos Carlos Telleldín terminó confirmando a los jueces que había dicho la verdad cuando en julio de 1996 aseguró que le entregó la camioneta usada en el atentado a un grupo de policías bonaerenses que lo extorsionaban. Declararon ya más de 600 de un total de 1.500 testigos y aún nada se dijo sobre cómo llegó este vehículo a manos del otrora poderoso jefe de la "maldita" policía.
En estos diez meses, 15 de los acusados por ilícitos relacionados al delito principal fueron excarcelados, se escuchó hablar a Telleldín y a Ribelli, hubo amenazas, chicanas, denuncias para desvirtuar la versión oficial de los hechos y andanadas de críticas y acusaciones al juez Galeano, la policía y la Side.
Queda por delante mucho camino y, más allá del desenlace del juicio, ni la sociedad ni instituciones de la colectividad albergan demasiada expectativa sobre un completo esclarecimiento. Este caso, junto con la investigación del ataque a la embajada de Israel, son rémoras que pesan en el debe de la Justicia federal, cuyo desprestigio creció en los últimos años y será preciso remontar en los próximos si se aspira a reconstruir en la Argentina un verdadero estado de derecho.