| | Editorial Controles casi inexistentes
| El "affaire" protagonizado el pasado viernes en la Estación Terminal de Omnibus Mariano Moreno por un contingente de estudiantes que se negó a partir de viaje de estudios hacia Bariloche por el mal estado en que se encontraba el colectivo que debía llevarlos desembocó en la revelación de que apenas un solo inspector controla a los ómnibus que realizan viajes a otras provincias. Los adjetivos resultan, en este caso, insuficientes para calificar la gravedad de la situación. Hay que apelar a un sustantivo -estupor- para describir con exactitud la sensación experimentada por aquellos que se enteraron de la noticia. Y si bien esta Argentina de la crisis ha achicado de manera considerable los márgenes para la sorpresa, pensar que una sola persona tiene en sus manos semejante carga de trabajo -con la responsabilidad que ella implica- genera una elevada dosis de intranquilidad, y proporciona un nuevo y contundente indicio de los niveles de ineficiencia que existen en el marco de la administración pública. Si se piensa que sólo durante el mes de junio pasado entraron y salieron de la terminal rosarina unos nueve mil ómnibus, se llegará velozmente a la conclusión de que el único responsable designado para supervisarlos por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no da abasto con su tarea. Lo curioso fue que desde esa repartición se dijo que en el pasado los inspectores designados para esa función eran dos, y que como consecuencia del ajuste ahora queda el menor número posible de ellos. Que fueran dos era mejor, sin dudas, pero distaba de ser la cifra ideal: en ese caso, le hubiera tocado el mes pasado a cada uno controlar la nada desdeñable cantidad de cuatro mil quinientos colectivos. Sin palabras. El más elemental sentido común indica que lo que está en juego son, en última instancia, vidas humanas. ¿Es posible que tanta negligencia sea posible? Se trata, cómo dudarlo, de otro de los rostros de la crisis argentina. Y aquí, sin dirigentes políticos de por medio. La Capital ha expuesto el problema ante la opinión pública: si el estado actual de las cosas se prolongara en el tiempo, ya no cabría hablar sólo de ineficiencia. Urge una solución concreta, porque cualquier demora conlleva peligros.
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