La Nación intimó a la constructora a que termine el Rosario-Victoria

Y le aplicó una multa. Dicen que la obra está atrasada en un 7% en relación al cronograma previsto

El gobierno nacional intimó a la concesionaria de la conexión Rosario-Victoria, Puentes del Litoral SA, a que reanude los trabajos. Le aplicó multas por los atrasos que existen en la obra, que son de un 7 por ciento con respecto al cronograma fijado en el contrato. Si bien se trata de una sanción administrativa, es un paso que da el Estado para que el privado cumpla con sus compromisos. Mientras, el proyecto sigue paralizado por falta de fondos y el grupo inversor decidió no invertir más con recursos propios. Están a la espera de un préstamo que está atado al acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional.
Si el atraso de la concesionaria supera el 10% de los trabajos programados, la firma podrá pedir una reprogramación de los plazos y si el Estado no aprueba esa propuesta, está facultado a solicitar la rescisión del contrato, según explicaron desde el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi).
Pero nadie quiere pensar en ello. La idea del gobierno es esperar hasta septiembre cuando vence el plazo previsto para habilitar la conexión. Y si no hay síntomas de reactivación, recién allí ejecutar las garantías de la empresa.
Puentes del Litoral frenó el ritmo de los trabajos en marzo pasado cuando se cayó el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para terminarla. Y entró en la renegociación del contrato, como lo plantea la ley de emergencia económica.
La Nación, que junto a las provincias cumplió sus compromisos, decidió no apartarse de lo convenido: ahora le toca el turno de invertir a los privados que ya pusieron su parte con fondos propios, pero también tenían la responsabilidad de conseguir un crédito de 110 millones de dólares.
La obra está ejecutada en un 92%. Y a la fecha tiene un atraso del 7% en los trabajos pactados, según el Occovi.
Este organismo intimó a la empresa a reanudar sus tareas. Y le aplicó multas por los atrasos en materia de pavimentación, iluminación y defensas del puente principal, entre otras.
También le aplicó multas que en realidad son retenciones en dinero que se devuelven una vez que la compañía cumpla con los trabajos retrasados.
Se trata de "una medida de presión" por parte del Estado o una cuestión "de índole administrativa", comentaron en el obrador rosarino.
Ahora ese lugar parece un desierto. No hay casi actividad, sólo se hacen trabajos de mantenimiento. "Antes se escuchaba el ruido de las máquinas, hoy se oye el silencio", resumió un vecino de La Florida.