La Cámara Federal ratificó la resolución de Servini

Confirmaron el procesamiento con prisión preventiva de Carlos Rohm

En la causa por fuga de capitales, el ex vicepresidente del BGN está sindicado como jefe de una organización

La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva del ex vicepresidente del Banco General de Negocios (BGN), Carlos Rohm, en el marco de la causa en la que se investiga la "fuga de capitales" y, además, le trabó un embargo de 100 millones de pesos.
Fuentes tribunalicias revelaron ayer que la resolución -de más de 160 carillas- fue dictada por la Sala II del tribunal, cuyos integrantes confirmaron, de esa manera, lo resuelto el 6 de marzo último por la jueza federal María Servini de Cubría.
En la misma sentencia los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun también confirmaron los procesamientos -aunque en esta oportunidad sin prisión preventiva- de Rufino Basavilbaso de Alvear y Adrián Darío Couce, como "partícipes" de la asociación ilícita.
Los magistrados concluyeron que "existen diversos elementos que permiten concluir que (Rohm) ejercía la función de jefe de la organización" -cuya actividad detalla pormenorizadamente- por la "posición que mantenía tanto en lo atinente a la estructura del grupo como en punto al proceso de toma de decisiones concretas".
"Las decisiones vinculadas con operaciones concretas de bonos, así como las relativas a créditos otorgados tanto en Uruguay como en Argentina a empresas del grupo y las atinentes a la forma de operar del BGN provenían de directivas emanadas del nombrado", dijeron los jueces.
Funcionarios de "mediana y alta jerarquía de las distintas entidades que formaban el grupo aquí investigado señalaron oportunamente que (Rohm) era quien tomaba las decisiones", señala la resolución.
Los camaristas agregaron que Rohm era "evidentemente al menos uno de los que decidía las pautas bajo las cuales se manejaba la línea de operaciones vinculadas y el encargado de decidir al respecto en las distintas entidades financieras".
Además, destacaron, el detenido era "uno de los que se ocupaban de distribuir funciones y de tomar las decisiones relativas a la dirección de los negocios del grupo".
Como introducción al desarrollo del tema, los camaristas recordaron que la causa se inició por una denuncia de las diputadas Marcela Virginia Rodríguez y Graciela Ocaña (a la que luego adhirió Elisa Carrió) "sobre los hechos ilícitos que habrían detectado en su carácter de integrantes de la Comisión Especial Investigadora del Lavado de Dinero" de la Cámara baja del Parlamento.
Tras ello los magistrados dedicaron alrededor de una treintena de páginas para analizar -y rechazar en términos generales- los cuestionamientos y planteos de nulidad efectuados por la defensa, luego de lo cual se adentraron en el estudio de "los hechos ilícitos imputados".
Allí afirmaron que la derogación de la "figura vulgarmente conocida como subversión económica" los coloca "en una situación inusual en cuanto al modo en que debe analizar la imputación que se realiza a los procesados en la instancia anterior y determinar el grado de responsabilidad que pudiera caber a cada uno de ellos".
Si bien los jueces entendieron que no corresponde "ingresar ahora en el análisis acerca del acierto o no de encuadrar los hechos investigados en esa cuestionada ley", en primera instancia "se omitió profundizar en aspectos importantes que hacen a la configuración de otras figuras defraudatorias más específicas que se vislumbran como de posible aplicación al caso".
Recordaron la existencia de "conductas presuntamente delictivas realizadas por varias personas que, en forma organizada, actuaban en el seno del grupo conformado por otras empresas vinculadas".
Entre esas empresas citaron el Banco General de Negocios, la Compañía General de Negocios Saife (Uruguay) el Banco Comercial del Uruguay y San Luis Financial Investment Co. Ltd. Inc., de Panamá, y, en menor medida, el Nuevo Banco de Santa Fe, luego de lo cual analiza las actividades de cada una de ellas.
La jueza Servini de Cubría había procesado al ex banquero como presunto jefe de una asociación ilícita que mediante distintas operaciones incurrió en el delito de subversión económica.
Según la denuncia de los legisladores existía una "mecánica habitual" de los bancos por la que se había creado un "sistema financiero paralelo" que servía para lavar dinero, evadir tributos y fugar capitales, lo que produjo el colapso del sistema.

La jueza Servini de Cubría procesó a Carlos Rohm.