La fórmula para saldar deudas del campo no convenció

Las empresas proveedoras rechazan la nueva norma para cancelar acreencias por compras

Las empresas nucleadas en la Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria (Acta) manifestaron su categórica disconformidad con las medidas dispuestas por el gobierno, respecto de la cancelación de deudas por compras de insumos rurales.
En ese contexto, la entidad que preside Carlos Salvador definió como "arbitraria" a la resolución oficial (143/02), dictada por el Ministerio de Economía y publicada el jueves en el Boletín Oficial.
Además, la entidad considera que las modificaciones introducidas por el gobierno en las normas existentes, así como la derogación de la polémica resolución 10 -que dolarizó la totalidad de las deudas sectoriales-, "generan inseguridad jurídica".
En rigor, el supuesto laudo anunciado por el gobierno no conformó tampoco a los productores agropecuarios, quienes desde el jueves y durante el fin de semana rechazaron enérgicamente la medida oficial y pidieron una "revisión" del tema, tanto desde la cartera rural como desde el Ministerio de Economía.
Según los ruralistas, la normativa del gobierno "no conformó a nadie", de acuerdo con expresiones de rechazo vertidas por Manuel Cabanellas (Confederaciones Rurales Argentinas), Luciano Miguens (Sociedad Rural Argentina) y Eduardo Buzzi (Federación Agraria Argentina).
Respecto de la posición adoptada por los integrantes de la Acta, los descuentos dispuestos en la resolución oficial (entre un 25 y un 60 por ciento según el producto) implican un "serio perjuicio para la industria del orden de los 850 millones de dólares".
Además, "la inconsulta decisión de pesificar las deudas que han sido abonadas mediante el uso de tarjetas de crédito -más allá de la pérdida económica- representa una modificación arbitraria de los términos de los contratos de compraventa, libremente pactados entre los particulares y a la vez genera una situación de total inequidad frente a aquellos que han comprado insumos de otro modo", puntualiza la entidad en un documento difundido ayer.
El texto destaca que la aplicación de un descuento del 60% sobre diversos cultivos agrícolas "no encuentra justificativo", sobre todo cuando la mayor parte de ellos se destinan a la exportación, "por lo que es arbitraria e injustificada".
Asimismo, se señala que esta nueva resolución "altera el marco legal de los contratos privados, genera inseguridad jurídica, y compromete el financiamiento de las empresas hacia los productores, ante la dificultad de contar con el capital de trabajo legítimo".
A raíz del disconformismo empresarial frente a la normativa de la cartera económica, Acta hace un llamado a la "reflexión" a las autoridades y a los dirigentes agropecuarios, para que "entre todos se pueda recomponer esta histórica relación que llevó a que el país duplicara su producción en pocos años".
Así, mientras desde el sector productivo crecía ayer la preocupación frente al nuevo escenario comercial que se presenta para la adquisición de insumos y se intentaba restablecer el diálogo con los empresarios, en un nuevo intento por buscar acuerdos sobre el tema, desde la cartera agropecuaria se consideró que Economía laudó de ese modo ante el fracaso de las negociaciones que existieron entre ambos sectores, que, en varios meses, no lograron consensuar acuerdos.

Las industrias dicen que perderán 850 millones de dólares.