La ley de salud reproductiva aprobada por la Legislatura provincial hace más de un año sigue sin reglamentarse. La demora parece deberse fundamentalmente a una objeción planteada por el Iapos, la obra social de los empleados públicos provinciales y municipales, para hacer frente a la provisión de métodos y fármacos anticonceptivos, tal como marca la norma. A las críticas que organismos no gubernamentales, como la Multisectorial de Mujeres, formulan por la tardanza, se suma ahora un pedido de informes presentado en la última sesión de la Cámara de Diputados, que quiere saber por qué no se cumple la ley.
El proyecto de decreto de reglamentación ya confeccionado se encuentra actualmente retenido en la Fiscalía de Estado porque -según trascendidos- el criterio del organismo es que el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) es un ente al que no se puede obligar a modificar la partida presupuestaria e imponerle una nueva carga por este año.
Si bien no existe una respuesta oficial, la obra social provincial no se encontraría en condiciones de proceder al cumplimiento del artículo l4, donde la ley establece que "se incluirán en su vademécum farmacológico y de prestaciones los métodos y fármacos que la reglamentación de esta ley disponga".
Cuestionamientos
En el pedido de informes presentado en Diputados se pregunta si el proyecto de decreto de reglamentación ha sido objetado parcialmente por la Fiscalía de Estado y si el Iapos expresa cuestionamientos a la ley de salud. En caso de ser efectivamente así, pide que se hagan públicos esos cuestionamientos y la postura adoptada por el Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación de la ley.
La titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados provincial, Susana Broda, admitió a La Capital que la parálisis en la reglamentación de la ley de salud reproductiva pasa por cuestiones estrictamente presupuestarias y la imposibilidad de la obra social para cumplimentar algunas prestaciones, como la provisión de los dispositivos intrauterinos (DIU), que en la mayoría de los casos constituyen insumos importados y de elevado costo.
Sin embargo, la legisladora señaló que, incluso sin la reglamentación, en la práctica la ley se cumple en ciertos aspectos; por ejemplo, en lo que refiere a la entrega de anticonceptivos orales y material de asesoramiento e información, aunque en este caso la tarea se cumple exclusivamente en los hospitales públicos.
De todas maneras, la opinión de la diputada no es compartida por la Multisectorial de Mujeres, que a través de un trabajo barrial realizado meses atrás en la capital provincial descubrió que más del 50 por ciento de las santafesinas no utilizaba preservativos en sus relaciones sexuales, fundamentalmente porque no estaban en condiciones económicas para adquirirlos.
En esa oportunidad, numerosas mujeres consultadas dejaron en claro que si compraban pastillas anticonceptivas sencillamente "no les quedaba plata para comer". Una explicación que se agrava si se tiene en cuenta que la mayoría de las encuestadas no contaba con el respaldo de una obra social y un elevado porcentaje recurría a los dispensarios y hospitales públicos.
La Ciudad
