Más sospechas sobre el Pami Rosario

Dirigentes de ATE cuestionaron y revelaron una saga con históricos prestadores y testaferros

La sospecha de cuatro muertes de jubilados por falta de prestación, los indicios de posibles negociados y la compra de casas de country por parte de presuntos testaferros de funcionarios son temas sobre los que buscan información centros de jubilados y dirigentes sindicales que piden el cese de la actual conducción de los policlínicos Pami I y II de Rosario.
"Para poder manejar al Pami en Rosario hay que transar con la mafia de los gremios", disparó Gustavo Martínez, delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quien indicó que "la corrupción viene desde los tiempos en que Emilio Massera buscaba llegar a la política". Para él, la actual conducción del Pami, "que surgió de la mano del masserismo, es la misma que lo manejó durante la gestión Víctor Alderete y la que aún se perpetúa".
Martínez apuntó en particular al dirigente sindical de ATE Raúl Blas Praino, investigado por la Justicia por la contratación de una consultora que "se apropió de 3,5 millones de pesos según concluyó la Sindicatura General de la Nación", y que se sospecha que pertenecía a los mismos que gerenciaban el Pami: Praino, Ricardo García (UTI) y Amílcar Orieta (UPCN).
Con relación a las muertes de jubilados y la presunta adquisición de inmuebles en el country Carlos Pellegrini por parte de testaferros, La Capital pudo saber que uno de los dirigentes que recibió la información es Héctor Quagliaro, secretario general de ATE . A Quagliaro le habrían arribado documentos sobre el manejo económico administrativo de los policlínicos que probarían decenas de contrataciones directas, además de presuntas sobrefacturaciones en el servicio de ambulancias que el Pami terceriza y cuyos valores nunca puede conocer el periodismo.
Sobre la muerte de ancianos, existe la confirmación de una sola (un abuelo al que le transfundieron sangre de otro grupo y factor), pero no de las otras dos o tres en que los familiares desistieron de hacer la denuncia.
A partir de todo esto, Quagliaro prepararía una fuerte embestida contra Praino, Claudia Indiviglia (delegada gremial aliada a éste), Graciela Ravarotto (directora de Pami I) y la interventora de la delegación local, Daniela Valentini.
Por estas horas también se analiza el rol, en los últimos meses, de un sector del justicialismo local con injerencia en la obra social y que en las últimas semanas estuvo preparando la conformación de un consorcio para la administración del policlínico Julio Corzo, cuya reapertura se pretende.
Tanto el Pami como el Julio Corzo resultaron siempre codiciados por un sector de la dirigencia política y gremial que se fue ampliando alimentada por partidas millonarias giradas desde un gobierno nacional que históricamente se desentendió de la fiscalización de las prestaciones.
Así, los directivos reciben el dinero de Buenos Aires, los prestadores a veces se enteran y otras no y generalmente se les acusa de conformar con las autoridades un club de amigos.
Es más: también se les adjudica un código de territorialidad a los principales prestadores sanatoriales de Rosario: si un sector define los contratos con el Pami debe quedar el otro habilitado para hacerlo con el Iapos.
Esta habría sido la forma que posibilitó en los últimos años la supervivencia de más de 20 sanatorios privados que -por la crisis del sector privado y las prepagas- hubiesen estados condenados al cierre.