El gobierno nacional, la CGT oficial y las principales cámaras empresarias acordaron ayer incrementar en 100 pesos el salario para los trabajadores del sector privado que se abonará en efectivo a partir de julio y hasta diciembre próximo.
El incremento salarial será por una suma fija no remunerativa, es decir que el empleador no deberá pagar por esa cifra aportes patronales, y sólo sufrirá un descuento del tres por ciento que será destinado a paliar la crisis de las obras sociales sindicales.
La información fue proporcionada por el titular de la central obrera oficial, Rodolfo Daer, y el asesor en temas laborales de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, al término de una reunión que mantuvieron ayer por la tarde en el Ministerio de Trabajo que comanda Graciela Camaño.
El aumento surgió de un acta acuerdo entre las partes, la cual habilita al Poder Ejecutivo para que instrumente los mecanismos legales para implementar un aumento salarial que, según confiaron fuentes laborales, "se reglamentará mediante un decreto presidencial que saldrá en las próximas horas".
La medida es obligatoria ya que se implementará por decreto presidencial. Sin embargo, hasta que el Ejecutivo no le ponga su firma y se reglamente, no se sabrá si las firmas que no cumplan con esta disposición serán sancionadas de alguna forma.
Funes de Rioja explicó a La Capital que "muchas empresas y sectores como la construcción, los bancos y algunas áreas de la industria, dejaron constancia en el acta de sus problemas para hacer frente a esta medida", y aclaró: "Hay un espíritu de sentarse a dialogar soluciones razonables pero eso no quiere decir que no sea una norma obligatoria".
Las razones locales
Los dirigentes empresarios -de la industria, el comercio y la construcción- de Rosario se manifestaron mayoritariamente a favor de esta iniciativa como una "medida de emergencia para recomponer el poder alimentario del salario", aunque reclamaron medidas oficiales a favor de los distintos sectores que sienten el peso de la recesión.
De todos modos, algunas firmas, especialmente del sector industrial y de la construcción de la región, anticiparon que las empresas están en serias dificultades como para hacer frente a un incremento de sueldos.
"Hay que destacar la diferencia entre la justicia del aumento y la factibilidad de poder pagarlo", dijo Elías Soso, vicepresidente de la Coordinadora de Actividades Mercantiles (Came) y presidente de la Asociación Empresaria de Rosario.
El dirigente indicó que "la factibilidad es un hecho en las grandes empresas, mientras que las pequeñas deberán hacer un esfuerzo extra, acordar con su personal y encontrar una salida".
En rigor, se trata de "un gran esfuerzo de solidaridad para lograr reactivar la economía y el mercado interno a través de una inyección de fondos a los ingresos de los trabajadores", apuntó Soso. Sin embargo, para paliar el desembolso extra de empresas en serios problemas económicos, el dirigente mercantil indicó que desde Came se le solicitó al gobierno que disponga algunas medidas de compensación, como "reducir del 3% al 1% el porcentaje que cobra el sistema financiero por el uso de tarjetas de débito o cancelar el cobro de 100 pesos mensuales por la utilización del Posnet".
Desde el lado de la industria, el vicepresidente de Fisfe y titular del Centro Industrial de Las Parejas, Carlos Capisano, indicó que las opiniones no son homogéneas. "Desde el centro industrial de Las Parejas estamos de acuerdo en que se dé este aumento en una situación de emergencia, aunque como principio fundamental consideramos que esto debería acordarse a través de convenios por empresas o paritarias", dijo.
En cambio, otros empresarios nucleados en Fisfe "aunque reconocen la necesidad de recomponer salarios creen que el mecanismo debería estar librado al acuerdo entre empresas", agregó.
A pesar de las diferencias de coyuntura, los industriales también reclaman medidas compensatorias como "reacomodar el sistema financiero para restaurar el crédito, disminuir determinados impuestos y establecer mecanismos de reactivación para sectores con serias dificultades".
Distinta es la apreciación de Hugo Pietrafesa, titular de la Asociación de Empresarios de la Vivienda de Rosario. El dirigente indicó que "las empresas de la construcción están trabajando al mínimo y tratando de mantener al personal con mucho esfuerzo".
De ese modo, a su criterio "para aumentar sueldos tiene que haber actividad" y hoy "hay un estancamiento fruto de la indecisión en cuanto a las reglas de juego para realizar transacciones".
"Tengo muy claro que los sueldos son bajos por la inflación, pero siempre el esfuerzo debe hacerlo el sector privado, mientras que el Estado no realiza el ajuste", apuntó Pietrafesa.
Fuentes que participaron del encuentro entre la ministra de Trabajo y los sectores empresarios y sindicales acotaron que "por pedido de Camaño, se estableció que de los 100 pesos de aumento se hagan también los aportes correspondientes a las obras sociales y el Pami", debido a que el sistema de salud se "encuentra colapsado".
Señalaron que durante la reunión, Daer intentó incluir en el acta de acuerdo entre empresarios y gremialistas el reclamo de la restitución para el sector estatal del descuento del 13 por ciento de los haberes, pero Camaño le dijo que "no era el tema" de la reunión y que ese pedido "lo curse por mesa de entrada".
La Ciudad
