La Federación Santafesina de Instituciones Privadas (Fesaiep) solicitó al gobernador Carlos Reutemann que declare "en situación de emergencia educativa provincial a las escuelas públicas de gestión privada" y conforme un "comité de emergencia" para estudiar posibles alternativas ante la crisis que plantea. La entidad agrupa a 70 instituciones (que incluyen 120 escuelas) laicas y confesionales no católicas provinciales. Afirman que "la ley nacional Nº2.561 -del 9 de enero de 2002- declara la emergencia pública en materia social, económica y administrativa, en la que se encuentra incluido el sector".
Entre los temas que reclaman que considere ese comité de emergencia figuran pedidos que van desde más incorporaciones al servicio de enseñanza privada provincial -esto es, que reciban subsidios del Estado-, hasta que se los "exima del pago del impuesto inmobiliario y al cheque, tal como ocurre con los colegios católicos", precisó el secretario ejecutivo de la Fesaiep, Rodolfo Enrique.
En la carta que le hicieron llegar a Reutemann afirmaron que la crisis económica y social que afecta al país y a la provincia "golpea en forma especial en los colegios de gestión privada" de la federación. Sobre ese punto, Enrique agregó que aunque la matrícula de alumnos se mantiene estable "el problema mayor es la alta morosidad en el pago de las cuotas". Porcentaje que alcanza, en líneas generales, "a un 30 por ciento, ya que para algunos colegios este porcentaje es mayor y para otros menor".
En este caso Enrique recordó que "si un alumno no paga la cuota no se lo puede echar del colegio". Por eso debería estudiarse, aseguró, "una alternativa similar a la asumida en Capital Federal, donde a la tercera cuota adeudada el problema es llevado al Estado para ver dónde puede reubicar a ese alumno" moroso.
Según Enrique, las escuelas asociadas en la Fesaiep representan a un sector muy descuidado y sin apoyo, sobre todo si su situación se compara con la de los establecimientos católicos o con "los incrementos presupuestarios destinados a la educación de gestión oficial (escuelas públicas)".
Remitida con copias al ministro de Educación Alejandro Rébola; el director de Enseñanza Privada, Guillermo Sáenz, y los presidentes de Senadores y Diputados de la provincia, Marcelo Muniagurria y Alberto Hammerly, la nota también resalta que la crisis "no exime a las autoridades santafesinas de las responsabilidades legales". Para justificar esa idea citan el artículo 110 de la Constitución provincial, donde se define que el Estado "asegura la libertad de enseñanza" y "se garantiza por ley el funcionamiento de establecimientos de enseñanza creados por iniciativa privada".
Los integrantes de la federación pidieron además ser tenidos en cuenta dentro del cuerpo asesor del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (Spep), del que aseguran no forman parte "por no ser católicos".
Un rosario de pedidos
Los reclamos planteados al gobernador para que sean tratados involucran, entre otros, los siguientes aspectos: \* Subsidios: Incorporar (subsidiar) a los colegios fundados a partir de 1990 y contemplar el crecimiento vegetativo en otros durante el mismo período. También solicitaron que se sinceren los porcentajes de incorporación con que el Estado atiende a las escuelas, ya que suelen ser inferiores a los que la ley prevé para una planta funcional totalmente subsidiada. Además, reclaman que el subsidio sea por institución y no por nómina de docentes.
* Compensaciones: Prever mecanismos para compensar deudas contraídas por falta de incorporación (por ejemplo, por medio de bonos para cancelar obligaciones provinciales o previsionales de los colegios).
* Aportes: Reducir los aportes patronales y personales a la Caja de Jubilaciones.
* Cantidad de alumnos: Eliminar por un período razonable la exigencia de que haya un mínimo de 20 alumnos por curso para sostener la incorporación.
* Planes de estudio: Aprobar los planes de estudio de nivel terciario demorados desde hace tres años que ya se están dictando con riesgo de que la primera promoción no obtenga su titulación, lo que pone a los institutos ante una virtual ilegalidad.
* Fusión: Definir con claridad la reglamentación que permite la fusión de entidades patronales.
* Aranceles: Estudiar procedimientos para solucionar el problema agudo de la morosidad en el cobro de aranceles.
* Incentivo: Terminar con la discriminación de los maestros que por no estar incorporados tampoco cobran el incentivo docente.
La Ciudad
