El grupo Suez, principal accionista de Aguas Argentinas y Aguas Provinciales de Santa Fe, entre otras compañías de servicios, dio a conocer ayer una previsión de pérdidas de 500 millones de euros por la crisis argentina. Abriendo una nueva instancia negociadora entre el gobierno y las privatizadas, el grupo de capitales franceses plantea "negociaciones amistosas" por el término de seis meses y prevé recurrir a una instancia judicial internacional de no existir "medidas correctivas o reparadoras de los daños que sean el resultado de actos u omisiones del gobierno".
"Estas disposiciones son medidas excepcionales frente a una situación excepcional", aseguró desde París el presidente del Grupo, Gérard Mestrallet.
El directivo agregó que "decidido a mantener un servicio esencial a 11 millones de argentinos, Suez entiende que sus esfuerzos sean compartidos con el conjunto de las partes implicadas, con el apoyo de las instituciones multilaterales".
Esta decisión se enmarca en el proceso de renegociación que lleva adelante el gobierno con las privatizadas a partir de la devaluación y por el congelamiento de tarifas ordenado por la emergencia económica.
La previsión efectuada por la empresa propietaria de Aguas Provinciales se interpretó como una respuesta al decreto 1090/02 conocido el miércoles pasado, que obliga a las compañías que lleven reclamos por fuera de la renegociación a retirarse de la misma, al tiempo que les exige mantener la calidad de los servicios.
Entre las empresas de servicios públicos, algunos accionistas como EDF (Edenor) y Brittish Gas (Metrogas) se habrían presentado ante tribunales internacionales, mientras que los ejecutivos locales aclaran que "no es la sociedad, sino sólo algún accionista".
Suez logra con esta previsión de casi 500 millones de euros, "llevar a cero su riesgo de cambio sobre su deuda así como su situación neta en Argentina", señaló un comunicado de Aguas.
El grupo galo anunció que iniciará ante el gobierno argentino los procedimientos previstos por el Tratado Bilateral de Protección de las Inversiones, firmado entre Francia y la Argentina.
Esos procedimientos comprometen al gobierno argentino a "negociar amistosamente las medidas correctivas o reparadoras de los daños que resulten de actos u omisiones del gobierno".
Arbitraje internacional
En caso de fracasar estas negociaciones, pasados seis meses, el Grupo Suez puede someter este desacuerdo al arbitraje internacional del Ciadi (Centro Internacional de Solución de Diferendos Relativos a Inversiones), tribunal arbitral establecido por el Banco Mundial.
El conjunto de las empresas de servicios públicos muestra preocupación por la demora en las renegociaciones, porque dicen que deben mantener el servicio, comprar insumos en el exterior y afrontar su deuda en dólares, con tarifas pesificadas y una alta morosidad.
Muchas de ellas aseguran que se manejan exclusivamente con la caja diaria y que tienen dificultades para seguir brindando la misma calidad de servicio.
Las renegociaciones comenzaron en abril cuando las empresas elevaron sus presentaciones por escrito -describiendo su situación particular- y luego fueron citadas para ampliarlas verbalmente y allí se estancaron. En el medio se produjo el reemplazo del titular de la comisión, José Barbero -al renunciar el ministro Jorge Remes Lenicov-, por Alberto Biagosh, quien nunca asumió, nombrándose la semana pasada en su reemplazo al abogado, Miguel Sanguinetti.
El nuevo funcionario inició contactos con los representantes de las empresas, pero no pasaron más allá de una presentación formal y una toma de contacto con cada reclamo.
Las empresas confían en que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) acelere la renegociación que permita una recomposición tarifaria, ya que todas las variantes que influyan sobre la economía local deberían estar cerradas previamente. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, nunca descartó una compensación tarifaria por la devaluación para el sector aunque la supeditó a un acuerdo con el FMI.
En ese escenario, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, dijo que esos aumentos de tarifas en ningún caso superarán el 4 ó 5 por ciento, algo que está muy lejos de lo que están pidiendo las empresas.
Un informe del Banco Mundial recomienda disponer ajustes tarifarios que compensen a las empresas de los mayores costos por la devaluación.
La Ciudad
