Santa Fe. - La Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió a la Subsecretaría de Transportes de la provincia que exija a los municipios y comunas autorizados a cobrar multas mediante la utilización de radares que observen estrictamente la normativa vigente en el sentido de no multar la primera infracción si el exceso no supera los 90 kilómetros por hora, así como la aplicación de los montos máximos establecidos para las multas, los gastos administrativos y mecanismos de defensa del presunto infractor.
La resolución de la Defensoría, firmada por sus titulares Carlos Feruglio y Ricardo Ciccarelli, se emitió ante las denuncias recibidas en los últimos días que permiten comprobar que no se cumple con las pautas establecidas por el decreto 1.471 y su resolución complementaria 156, ambas del año pasado, normativa destinada a darle al sistema un carácter preventivo descartando el sesgo recaudatorio que se observa.
Multas nulas
Además, la Defensoría ratifica su postura, basada en fuente constitucional, en el sentido de que las multas sancionadas entre el 1º de enero y el 25 de marzo de 2002, período en el que no existía norma habilitante de los aparatos de medición, son nulas y, por lo tanto, no pueden constituir causal para efectuar reclamos extrajudiciales o judiciales por vía de apremio de los municipios y comunas con aparatos autorizados.
Debe recordarse que los radares son habilitados semestralmente por la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, y a la fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2001 esa habilitación no fue prorrogada. Recién el 26 de marzo último fueron dados de alta nuevamente con carácter retroactivo.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo considera que la retroactividad "violenta el derecho de defensa, el de propiedad, resulta arbitraria e irrazonable y afecta la certeza y seguridad jurídica. La resolución SCDDC 12/02 pretende sanear para atrás la grave omisión del propio Estado al demorar el dictado de la normativa, haciendo caer las consecuencias de dicha omisión sobre los ciudadanos que fueron sancionados en tal período en condiciones de palmaria irregularidad", afirman Feruglio y Ciccarelli.
La Ciudad
