Denuncian maniobras para que el Senado no apruebe la ley del Pami

El interventor Corchuelo Blasco cree que se busca provincializar a la obra social

El interventor del Pami, José Manuel Corchuelo Blasco, y organizaciones de jubilados y pensionados de todo el país denunciaron ayer maniobras orientadas a impedir que se trate en el Senado el proyecto de ley que modifica el funcionamiento de la obra social, que debía aprobarse hoy.
En particular, Corchuelo Blasco aseguró que "a pesar de los compromisos que el senado había dado para la aprobación de la ley, nos enteramos que vienen nuevamente a buscar los mecanismos para que la norma se aborte y provincializar el Pami".
"Subyace la idea de liquidar al Pami, de quedarse con sus ingresos y ante ese hecho se advierte que mañana (por hoy) no sería tratado el proyecto", denunció el interventor.
Además, Corchuelo se preguntó por qué, después de una "dura lucha para lograr consensuar la ley y lograrla aprobar por unanimidad artículo por artículo el año pasado, ahora es extraño encontrarnos con esto".
El proyecto de ley número 19.032 que tiene media sanción en Diputados establece la modificación de la entidad jurídica del Pami, dotándolo de mayor autarquía e independencia, lo coloca bajo el control administrativo de la Auditoría General de la Nación, y crea un directorio de once miembros integrado por siete jubilados, dos representantes de las centrales obreras y dos del gobierno nacional.
Además, dispone que las unidades regionales estén a cargo de directores elegidos por concurso, de modo tal de evitar que las designaciones sean producto de negociaciones políticas y que sean nombrados punteros, le permite al Pami controlar y recibir sus aportes en forma directa y prohíbe la gerenciación, la intermediación y la provincialización de los servicios prestacionales.
En rigor, la ley debía tratarse hoy, luego de que el mismo presidente del bloque del PJ, José Luis Gioja, ratificara hace quince días su compromiso "para tratar el tema" y a "hacer todo el esfuerzo posible para aprobar" el proyecto, en los últimos días se produjeron, según Corchuelo, "extrañas dilaciones y presiones" para evitar que se avance en la sanción de la norma.
La posibilidad de que la sanción se postergue y que, en el peor de los escenarios, sea modificada -por lo que debería volver a Diputados donde sólo la media sanción demoró cuatro años- provocó ayer la reacción de organizaciones de jubilados y pensionados de todo el país, de Corchuelo y hasta de la rama Pami de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Los jubilados anunciaron que se dirigirán directamente a los legisladores para reclamar que se apruebe la ley, mientras que el titular de la Pami/ATE, Rubén Grimaldi, dijo que el gremio se declarará en "estado de alerta y movilización" y también marchará la semana próxima al Congreso.
En rigor, tanto desde la intervención, como los dirigentes de los jubilados, señalan a los gobernadores como los responsables de la dilación de la ley, que cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social (Luis Barrionuevo) y de Salud y Acción Social (Mercedes Oviedo).
Para los jubilados, esta posibilidad significaría que su atención quedaría supeditada a los sistemas de salud provinciales, sin capacidad para brindar asistencia diferenciada a la tercera edad. (DyN)