La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo federal declaró ayer la inconstitucionalidad de la ley tapón, mediante la cual el gobierno de Eduardo Duhalde intentó frenar la salida de depósitos bancarios inmovilizados por el corralito, y ahora la Corte Suprema de Justicia decidirá si confirma o revoca esa medida.
La Cámara se pronunció en contra del artículo de la ley 25.578, que prohíbe a los jueces ordenar medidas cautelares que dispongan la extracción de dinero de los bancos. Es la segunda medida judicial que en las últimas horas cuestiona las restricciones al retiro de depósitos, pero su importancia radica en que se trata de un tribunal de alzada. El martes, la jueza Liliana Heiland había ordenado devolver depósitos a los bancos Boston y HSBC.
En este caso, el tribunal integrado por Jorge Damarco, Marta Herrera y María Inés Garzón de Conte Grand revocó un fallo de primera instancia y ordenó devolver el 50% del dinero depositado en dólares (o su equivalente en pesos al mercado libre) a Marcelo Grinberg, quien reclamaba parte de los 45 mil dólares que había depositado en el BankBoston, para cubrir los gastos de sus estudios en el exterior.
La Cámara argumentó que la ley tapón "se sustenta en la necesidad de defender el sistema financiero sin advertir que, para mantener un sistema basado en la confianza, se parte de la destrucción de esa confianza".
Además de beneficiar al depositante, el pronunciamiento de la Cámara sentará jurisprudencia contra la ley tapón si finalmente la resolución de la sala II es confirmada por la Corte Suprema, que en febrero último decretó que la confiscación de ahorros vigente desde diciembre pasado a través del decreto 1.570 es violatoria de la Constitución nacional.
"Un ahorrista que se enfrenta a una alteración sorpresiva de su situación patrimonial, que debe hacer frente de modo inmediato a las diversas necesidades cotidianas y que reclama ante un Poder Judicial desbordado, se encuentra en un grave riesgo psicofísico producido por el estrés y la angustia que esta situación le provoca", describieron los camaristas al referirse al problema de los depositantes del sistema bancario.
Grimberg recurrió a los tribunales para pedir, puntualmente, un mandato judicial que dispusiera "la transferencia a un establecimiento educativo de 15.430 dólares, a efectos de realizar estudios en el exterior cuya fecha de inicio era el 11 de marzo del 2002, y la entrega en efectivo de 10 mil dólares necesarios para comprar los pasajes y para los gastos de estadía".
Pero el 26 de febrero último la Justicia rechazó la acción de amparo interpuesta por el ahorrista, que entonces apeló a la Cámara. Dos meses después, y mientras se dirimía su situación, el Congreso convirtió en ley el proyecto presentado por el gobierno de Duhalde para impedir la salida de fondos por mandatos judiciales.
Los principios
En su resolución, los jueces recordaron que la ley tornó "no sólo difícil sino imposible" la devolución de fondos a los depositantes, y cuestionaron "la limitación impuesta por el Poder Legislativo al Poder Judicial para dictar medidas cautelares".\"Se atenta contra el principio de igualdad procesal que debe regir el tratamiento" de todo litigio judicial, sostuvo la sala II.\Y abundó: "La norma establece una clara injerencia en el ámbito decisorio propio del Poder Judicial, pues resulta competencia exclusiva de los jueces apreciar en cada caso concreto qué medida resulta ser la más adecuada en su aplicación".\Esta es la segunda decisión judicial en contra de las restricciones para el retiro de efectivo en 24 horas, y se suma a la dispuesta ayer por la jueza federal Liliana Heiland, quien declaró la inconstitucionalidad de las normas que establecieron trabas a la libre disponibilidad de los depósitos, la pesificación y las reprogramaciones de los ahorros.
La Ciudad
