Alemania busca extraditar a los ex represores Sasiaiñ y Durán Sáenz

Los considera responsables de la desaparición de la germana Kassemann

Alemania pidió ayer a la Argentina la extradición del ex jefe de la Policía Federal Juan Bautista Sasiaiñ y del represor Pedro Durán Sáenz, quien actuó en el centro de detenciones ilegales El Vesubio, en una causa en la que se investiga la desaparición de una ciudadana de ese país.
Fuentes judiciales revelaron que el gobierno alemán presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral el pedido de arresto y extradición de Sasiaiñ y Durán Sáenz, señalados como responsables de la desaparición en Argentina de la ciudadana Elizabeth Kassemann, ocurrida durante la última dictadura.
El planteo fue efectuado por el abogado Alberto Zuppi (secretario de Justicia durante la breve gestión presidencial de Adolfo Rodríguez Saá), quien actúa como representante del gobierno de Alemania y se suma a uno anterior que reclamaba la extradición de Guillermo Suárez Mason.
La solicitud fue presentada ante Canicoba Corral, el magistrado que, entre otros, instruye sumarios penales por el llamado Plan Cóndor, tal como se denominó al supuesto acuerdo entre dictaduras de Sudamérica para perseguir a opositores políticos.
Sasiaiñ tiene dictada la prisión preventiva en la causa por la sustracción de menores durante el último gobierno de facto, pero, por ser mayor de 70 años, cumple la medida judicial en su domicilio.
En marzo pasado, Alemania pidió la extradición de Suárez Mason y en mayo esa decisión quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.
El camino a la extradición de Suárez Mason, actualmente bajo arresto domiciliario en la causa por un supuesto plan sistemático para robar bebés de desaparecidos, se inició con el envío desde Alemania de un exhorto por vía diplomática del juez penal de Nuremberg-Furth, Hans Strohmeier.
Pero el trámite se frenó el 15 de noviembre del 2001, cuando lo rechazó el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino en base al principio de territorialidad.
Ante esto el juez federal y ahora camarista Gabriel Cavallo dispuso la liberación del ex represor en esa causa y también aludió al "principio de territorialidad", por el cual los delitos cometidos en el país deben juzgarse en él.