El subsecretario de Salud de la provincia, Ramiro Huber, fue intimado por el Tribunal de Cuentas para que explique ciertos faltantes en la rendición de fondos en el Hospital Provincial de Rosario. El ministro de Salud, Carlos Parola, dijo estar esperando "la resolución del caso" para decidir en consecuencia. La firma de Huber aparece además en una serie de cheques de sueldos confeccionados a nombre de personas que no los habrían cobrado.
La decisión del órgano no es pública ni tampoco la han blanqueado funcionarios del gobierno, temerosos de un escándalo. No obstante, y luego de que fuentes confiables confirmaran la versión a La Capital, el propio Huber lo admitió y afirmó que mañana presentará su descargo.
El Tribunal de Cuentas busca saber qué pasó con unos 700 mil dólares (todavía estaba vigente la convertibilidad) que el Ministerio de Salud remitiera para distintos fines al Provincial. Y aunque Huber no es el único intimado en el caso, su nombre adquiere una relevancia singular dado que es el actual número dos de la cartera.
El ministro Parola reconoció que está al tanto de la situación y aclaró que no se trata de un episodio sucedido en su gestión. "Me parece atinado dejar que el Tribunal de Cuentas actúe, que el subsecretario formule su descargo y esperar la resolución definitiva del proceso", dijo, dando a entender que la suerte de su subordinado podría quedar atada a ese desenlace.
"Me incluyeron erróneamente"
No obstante, Huber se mostró confiado en que su descargo será suficiente para despegarse del hecho. El funcionario explicó que asumió "en agosto de 1996 como subdirector del Hospital. El director era José Tossoni. El, junto a un representante por el sector profesional y otro por el no profesional integró el Consejo de Administración, cuya composición está definida taxativamente por la ley 10.608, que no incluye a los subdirectores. De modo tal que yo, como subdirector, mientras ocupé el cargo hasta fines de 1998, no integré el consejo. El Tribunal de Cuentas, que intimó a todos los miembros de los consejos directivos que hubo desde 1998 hasta 2000 incluyó mi nombre, entiendo yo, erróneamente", se defendió.
Luego, y consultado respecto de si más allá de las formalidades conocía que hubo un faltante, recordó: "Al asumir advertimos que había desorden administrativo. Los balances estaban atrasados desde 1994 y en el área contable o de habilitación y sueldos no había un profesional a cargo. Tossoni nombró una contadora, que advirtió una serie de irregularidades y solicitó al ministerio la auditoría administrativa que acaba de finalizar la semana pasada disponiendo la cesantía de quien estaba al frente de habilitación y sueldos y la suspensión de quien era jefe de personal".
Luego recordó que "en 1999, cuando yo ya no estaba más en el hospital pero la auditoría seguía llevándose a cabo, se declaró un incendio en el área, provocado con la clara intención de destruir documentación. Por esa razón intervino el Tribunal de Cuentas y realizó un arqueo desde mayo de 1998 a septiembre de 2000, advirtiendo que falta documentación de rendiciones de cuentas por unos 700 mil pesos. Ante esa situación, el Tribunal intimó a todos los consejos de dirección que hubo en ese lapso, y que eran los encargados de rendir los fondos a que expliquen. Y como ya dije, me incluyeron erróneamente".
Por último, el funcionario reveló que la auditoria administrativa que terminó la semana pasada detectó una maniobra con cheques que habrían sido cobrados por la empleada Berta Flamenco, encargada de hacer los cheques para pagar los sueldos a los mil empleados del hospital. "Como se comprenderá, con semejante cifra de empleados siempre son necesarios personal de emergencia y reemplazos. Esta mujer traía la certificación laboral de empleados que ya no estaban, por ejemplo, y hacía los cheques para que se los pagaran. Los cheques los debe firmar alguien del consejo acompañado de otra firma, que era la mía cuando reemplazaba al director. Una vez que los cheques estaban firmados esta mujer le agregaba al nombre del beneficiario "y/o Berta Flamenco", con lo que quedaba habilitada para cobrarlos y pensamos que lo ha hecho. No sabemos cuánto tiempo duró la maniobra pero en el período que se detectó podría importar unos 80 mil pesos. Cuando la auditoría comprobó todo esto, alrededor de 1999, denunció penalmente a esta mujer y ahora dispuso sanciones para otros involucrados", finalizó.
La Ciudad
