Sastre. - Los concejales sastrenses presentaron un escrito ante la Fiscalía Primera a cargo de Pedro Guevara para que investigue si durante la última gestión de gobierno del ex intendente Juan Miguel Gariglio, existió alguna conducta antijurídica. El documento refiere insistentemente en las observaciones que los técnicos Edgardo Pretti y Jorge Di Luca de la Subsecretaría de Municipios reflejaron en la auditoría contable realizada durante el año 2000 sobre el período 1997-1999.
Según el presidente del cuerpo, Félix Redolfi, "la idea de dejar este tema en manos de la Justicia fue unánime desde el principio". Pero los concejales habían acordado con el intendente Rosaldo Gardella que harían una presentación conjunta, con la firma de los ediles y del Ejecutivo.
Luego de varios trámites, como la solicitud de un dictamen jurídico entre otras diligencias y una larga espera a la decisión del intendente, resolvieron emplazar al Ejecutivo o en su defecto presentar el caso ante la Justicia con la firma de los seis integrantes del cuerpo.
Ante la urgencia el intendente hizo una presentación por su cuenta a principio de mes en el Juzgado de Instrucción de la 6ª Nominación de Santa Fe a cargo del juez Carlos Ferrero. Esa situación generó el enojo de los ediles que se sintieron traicionados y no pudieron explicar la actitud de Gardella.
Desprolijidades
El escrito de seis hojas presentado por los concejales destaca los puntos más importantes del resultado de la auditoría contable sobre la gestión de Gariglio, principalmente acentúa las desprolijidades en el manejo de la Secretaría de Hacienda. Toma de créditos sin autorización, balances sin firmas, sistema contable que no permite controlar el patrimonio, presupuesto sin contabilidad, gastos sin registrar, resumen de cuentas mensuales sin las formalidades requeridas, balances irregulares, financiamiento a través de entidades mutuales y personas no autorizadas, utilización de cheques diferidos y préstamos sin autorización, son algunas de las anomalías señaladas en el documento.
Del mismo modo hacen hincapié en que como consecuencia de la operatoria financiera llevada a cabo por el anterior gobierno con mutuales y personas físicas se iniciaron tres causas judiciales contra el municipio. También hacen referencia a irregularidades cometidas con descuentos sobre el sueldo de los empleados municipales que después no se imputaban a los fines que los originaban.