Piden ejecutar las garantías de la firma que realiza el puente

"El gobierno nacional debe ejecutar las garantías de la empresa constructora del puente Rosario-Victoria". La frase pertenece al diputado nacional Rubén Giustiniani, quien recordó que el plazo tope para la finalización de la conexión (según el contrato) es en septiembre próximo.
"El Estado ya cumplió", sostuvo tajante Giustiniani a renglón seguido, antes de expresar con la misma severidad que la firma (Puentes del Litoral SA) no puede alegar "que la devaluación" incidió en la virtual paralización de las tareas.
La Capital en su edición de ayer publicó que la constructora Impregilo (miembro de Puentes del Litoral) debate por estos días qué hacer con el puente, mientras continúa a la espera del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En rigor -dijo el legislador- "el año pasado ya había tenido problemas para formalizar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)".
Puentes del Litoral decidió reducir el ritmo de la obra de tal manera que no sea penalizada. Además pidió renegociar el contrato y un subsidio al Estado nacional para terminar el puente.
"No vamos a aceptar este tipo de presiones", dijo el diputado al recordar que la compañía tiene "25 años de usufructo del peaje". En efecto, durante ese lapso las condiciones del tránsito pueden modificarse invariablemente. Entonces, "no se puede alegar que actualmente existen perspectivas de que el flujo de tránsito será menor al previsto", indicó.
Para Giustiniani, la empresa tiene que "hacerse cargo de terminar el puente. El Estado aportó los fondos para realizar los trabajos más costosos relacionados con el suelo y las fundaciones. Ahora la firma internacional tiene que sólo concluir un 8 por ciento de las tareas".