Al anunciar propuestas de "reformas políticas" en Santa Fe el gobernador Carlos Reutemann ha preferido, correctamente, no sumarse -cuando pudo demagógicamente hacerlo- al "coro de la antipolítica". Sin embargo, las propuestas reduciendo esas reformas a niveles municipales, proponiendo modificar el numero de concejales, etcétera, son insuficientes. En la provincia cualquier intento de renovar la política desde lo institucional debe incluir el debate de sobre el régimen electoral y la nominación de las candidaturas (ley de lemas) y la reforma constitucional.
La discusión pública en torno a la reforma política -no sólo en Santa Fe- se ha visto atravesada en base a equívocos eslóganes y contradictorios mensajes que coinciden con la "vulgata antipolítica" (Mocca, Edgardo, 2001). Los ejemplos de simplificación más recurrentes son el "ajuste" de la política y las "listas sábana".
Se ha pretendido reducir la discusión en términos de gasto público, instaurando un debate que, aunque importante, es significativamente menor. Desde esta sesgada perspectiva, la reforma política se circunscribe a reducir los "costos" de la política. Este discurso -ideológicamente conservador, pero que ha cooptado a muchos que dicen no serlo, heredero del qualunquismo europeo que considera a la política como "una interferencia artificial y perniciosa para la convivencia social"- es abrazado con fervor por "economistas", "lobbistas", "fundaciones", "consultoras" de distinto linaje y "comunicadores" sociales pseudoindependientes. Sin embargo, este discurso que nos parece peligroso pero hasta explicable desde la citada perspectiva ideológica deviene en absurdo cuando se advierte la disputa emprendida por algunos políticos y referentes sociales, que en un verdadero "torneo de sobreoferta demagógica" compiten para ver quién presenta el proyecto de "ajuste" más audaz.
Ampliar, más que achicar
En todo caso, para recuperar la credibilidad ciudadana no es suficiente, aunque sí necesario, condenar el enriquecimiento irritante de algunos dirigentes o hacer más transparente y austera la actividad política, ya que también se tendrán que evitar las actitudes que la sociedad repudia: los sucesivos incumplimientos de los mandatos electorales, el doble discurso, el llegar de la mano de unos y gobernar para otros, la obsecuencia y la "glorificación de la impotencia". Habrá que "ajustar" la política para relegitimarla, para mejorarla y para hacer más eficaces los controles, pero esto no se consigue haciendo concesiones a los "mercados" sino en sintonía con el "demos", que es quien otorga el poder político en democracia. Más que achicar la política hay que ampliarla, más que achicar la democracia hay que ensanchar los espacios de participación y contralor popular e institucional. Desde esta visión habrá que analizar la conveniencia o no de reducir el número de concejales o diputados pero no simplemente en "términos contables", dado que con ese criterio en el horizonte político una propuesta posible podría ser cerrar los cuerpos legislativos. Más que -o además de- el tamaño, habrá que renovar prácticas para legitimar, para hacer más genuina la representación. En cuanto a las llamadas "listas sábana", la centralidad nacional que se le ha querido dar a esta cuestión parece desproporcionada. Las listas "sábana" son técnicamente listas bloqueadas y cerradas, pero con más de 9 o 10 candidatos. Siendo así el problema se circunscribe: el 60% de los diputados nacionales se elige por listas pequeñas y medianas (Santa Fe y Córdoba están en el límite) y el Senado nacional, blanco de críticas y "sinónimo" de corrupción parlamentaria, no se elige ni antes ni después de la reforma de 1994, con listas sábana. Peor aún: cuando se intenta legítimamente mejorar o suprimir el sistema desbloqueando listas o personalizando el voto, hay iniciativas que, lejos de mejorar, agravan el problema. En este sentido algunas veces se ha propuesto, volver al sistema de distritos uninominales que con cierta ingenuidad proponen algunos, sin advertir los peligros de distorsión del régimen representativo que puede desembocar en la eliminación de las minorías y, por ende, la desvirtuación democrática y el equilibrio de poderes. Otras veces se ha propuesto, como en varias provincias argentinas, la ley de lemas que, como sabemos, tampoco resuelve estos problemas.
La agenda en Santa Fe
En nuestra provincia la reforma política debe incluir decididamente la discusión de ciertos temas: \* La ley de lemas, que nació en Santa Fe sustancialmente para resolver problemas internos de los partidos mayoritarios, ha caído en descrédito: varias provincias que la adoptaron lo han derogado, en muchos casos con fuertes denuncias de fraude en los procesos electorales (De Riz, Liliana, 2000). No es necesario volver al régimen anterior sino buscar nuevas formas de nominación de candidaturas, por ejemplo, internas abiertas, desbloqueo de listas (votos de preferencia cerrados o abiertos, etcétera). Lo cierto es que la ley de lemas, en todo caso, no corrigió los males que vino a subsanar: no limitó las listas sábana ya que las multiplicó indefinidamente, ni el apaciguó el "internismo" partidario, al que trasladó a la sociedad; no minimizó el costo de las campañas electorales ya que permitió un verdadero "mercado persa de candidaturas" (Baltuzzi, A., 1998); potenció prácticas promiscuas: falsificación de firmas y avales y debilitó las posibilidades de control; favoreció la pérdida de elementos simbólicos en la identificación partidaria y potenció el quebranto del carácter programático, donde las plataformas ocupan un lugar secundario en el debate público (Puig de Stubrin L., 1995) y, especialmente, posibilitó el trastocamiento de la traducción y distorsión de la voluntad popular que permite hacer triunfar a un candidato que individualmente no ganó cuestionando la legitimidad del mismo, debiendo gobernar con extrema debilidad social e incluso parlamentaria. Por ello es grave que en algún momento se haya alentado utilizarla para las eventuales elecciones adelantadas: si se requiere relegitimar y fortalecer el poder político, no parece éste el mejor camino.
* La reforma constitucional en la provincia es necesaria, previo debate y consenso social y participativo. Por razones de espacio citaré algunas de las razones y posibles reformas: necesidad de adaptación de principios e instituciones a la Constitución de 1994: defensa del orden democrático, acción de amparo, adopción de otras formas de participación política, autonomía municipal, constitucionalización del Consejo de la Magistratura, evitando un "consejo inconcluso" como en la Nación, esto es, no dejar librados a una ley reglamentaria la integración, porcentajes, forma de nominación de sus miembros, etcétera.
Preguntas de fondo
Tampoco podría discutirse el "sistema bicameral" sin la habilitación constitucional. Aquí vale la pregunta: ¿por qué se pretende la reforma? Según nuestro criterio la justificación de la discusión de la eventual unicameralidad no pasa por el debate sobre su costo-beneficio en términos financieros sino calidad-eficiencia de las instituciones democráticas, que no es lo mismo. Por otra parte, el argumento de la existencia de una sola cámara para ahorrar "gastos" es falaz: los estudios realizados en el país (Secretaría de Asuntos Políticos, Ministerio del Interior, 2001, y La Nación, 9/6/2002, entre otros) muestran que encabezan el ranking de legislaturas "costosas" Formosa y Chaco, que tienen 30 legisladores y que son unicamerales y comparativamente más que Santa Fe, que es bicameral, que tiene 69 legisladores y que se encuentra en términos intermedios entre las que más y menos gastan. Sí merece, desde luego, debatirse seriamente el sentido de mantener dos Cámaras acusadas de que la representación derivada de los departamentos es producto de meras divisiones administrativas sin vigencia efectiva ni política, para lo cual habría que rediseñar el esquema institucional tratando de que estén expresadas todas las realidades económicas, geográficas, poblacionales, etcétera. Sin embargo, si de falta de representación poblacional se trata, como en el caso del Senado (actualmente sólo territorial, uno por departamento) también podría solucionarse dentro del actual sistema con una fórmula mixta que contemple ese elemento, el poblacional, asegurando mayor representación según el número de habitantes, como pudo hacerse acotadamente, con el aumento de los senadores de los departamentos de Santa Fe y Rosario en la Constitución de 1921. Sin perjuicio de ello, existe otra cuestión sustancial en el sistema unicameral: la representación y proporcionalidad de bancas. Allí existen dos sistemas: el que privilegia la "eficacia" asegurando la denominada "gobernabilidad", o el que asegura la "justicia representativa" a través del régimen proporcional que pretende reflejar no sólo adecuadamente las distintas vertientes ideológicas y de intereses de la sociedad sino un mejor y mayor control y equilibrio de poderes. La pregunta es la siguiente: quienes proponen la unicameralidad, ¿mantendrán el actual régimen de mayorías de la Cámara de Diputados (28 para la mayoría y 22 para la minoría) o aceptarán un régimen proporcional que asegure la justicia representativa que expresa la sociedad? Las experiencias de cuerpos legislativos con mayorías automáticas ("levantamanos") podrán asegurar "agilidad" pero eliminan la oposición o la convierten en simbólica. Y en una auténtica democracia la oposición no puede ser "simbólica" so pretexto de resignar su papel de control político y de renunciar a una regla de oro de la democracia: el "derecho de convertirse, en igualdad de condiciones, en mayoría" (Bobbio, N.: "Quale socialismo" (1976) y "El futuro de la democracia", 1984).
\(*) Adelanto del libro "Derecho y Política. De la ley de lemas a la reforma política y constitucional en Santa Fe", Ed. Juris. El autor es profesor titular de Derecho Político en la Facultad de Derecho de la UNR.
La Ciudad
