Caso Bulacio: la causa cerraría sin culpables

La familia del joven, torturado hasta morir en una seccional tras un recital de rock, pierde su rol querellante

Buenos Aires.- La familia de Walter Bulacio, el joven torturado y asesinado hace 11 años tras estar detenido en una comisaría, no podrá intervenir más en la causa que investiga a un policía por ese crimen, a raíz de una resolución judicial, por lo que la pesquisa podría quedar definitivamente "cerrada".
Los abogados patrocinantes de los familiares del joven asesinado denunciaron ayer que con esa resolución de la Cámara de Apelaciones, el único imputado en la causa "tiene garantizada la impunidad" y aseguraron que a partir de ahora "la investigación queda virtualmente terminada".
La sala sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió el viernes pasado "separar a la familia Bulacio del rol que le fuera reconocido para actuar" como querellante.
La resolución judicial surgió a partir de un pedido de la defensa del único imputado en la causa, el policía Miguel Angel Espósito, que planteó un pedido de "falta de acción", al entender que el delito por el cual el imputado está procesado "no es homicidio ni otro delito contra la vida".
María del Carmen Verdú y Daniel Stragá, ambos patrocinantes de la familia Bulacio, apelaron la resolución judicial ante la misma sala sexta de la cámara, aunque están convencidos de que su pedido no será aceptado. "El verdadero asesino de Walter Bulacio es el Estado argentino, porque durante 11 años puso obstáculos para avanzar en la investigación".
Walter Bulacio fue detenido el 19 de abril de 1991 por efectivos de la comisaría 35ª tras un recital de Los Redonditos de Ricota. Al día siguiente de su arresto, el muchacho fue trasladado a un hospital sin que sus padres ni un juez de menores fueran notificados de su detención. Bulacio falleció cinco días después por las torturas recibidas.
El comisario Miguel Angel Espósito, que fue relevado de su cargo, está actualmente libre pese a los pedidos reiterados a la Justicia para que se deje sin efecto la excarcelación que se le concedió en 1991, luego de ser interrogado por el presunto delito de privación ilegal de la libertad calificada.
La causa por la investigación consta de 17 cuerpos de 200 fojas cada uno y estuvo en manos de alrededor de 30 jueces de primera instancia.