El Fondo Monetario Internacional (FMI) dilató nuevamente ayer el envío de una misión negociadora a la Argentina y reclamó por parte del gobierno una serie de precisiones sobre cómo se instrumentará el plan para salir del corralito y detalles acerca de la derogación de la polémica ley de subversión económica.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, volvió a hablar ayer por la tarde por espacio de media hora con la subdirectora gerente del FMI, Anne Krueger, pero en esa conversación otra vez la mandamás del organismo multilateral se negó a fijar una fecha para iniciar conversaciones formales por un acuerdo con la Argentina. Hoy ambos funcionarios mantendrán otro diálogo telefónico, y el organismo espera precisiones sobre dos de las tres principales exigencias:
u Una solución más restrictiva para el corralito/corralón.
u La incorporación al Código Penal de algunos puntos de la derogada ley de subversión económica.
La presión del local
El FMI mantuvo una posición inflexible a pesar de que en los últimos días el gobierno argentino intentó con distintas acciones políticas presionar sobre el organismo para lograr el envío inmediato de una misión negociadora.
Algunos directores del organismo presionaron para el arribo a la Argentina de una misión, el jueves llegaría la segunda línea del equipo de Anoop Singh, que incluiría a algunos funcionarios que negociaron la dolarización en Ecuador.
El viernes, Lavagna se reunió con los representantes diplomáticos del Grupo de los Siete (G-7) en la Argentina, a quienes les solicitó que sus gobiernos intercedan ante el FMI para apurar las gestiones, luego de su primera conversación con la número dos del FMI, quien ya le había planteado algunas reservas sobre los plazos de las negociaciones.
Ese mismo día el embajador argentino en los Estados Unidos, Diego Guelar, se entrevistó con el número dos del Tesoro de los Estados Unidos, John Taylor, con similar objetivo. "Es el único tipo de misión que podemos considerar", resaltó el diplomático en referencia a la negativa de Argentina a una propuesta de Krueger de enviar por fin a los técnicos.
El FMI no modificó sus reclamos e incluso ascendió al indio Anoop Singh, quien a partir de ahora manejará América latina y el Caribe en reemplazo de Claudio Loser (ver aparte).
Algunas fuentes gubernamentales admitieron que el acuerdo con el FMI podría ser el paso previo a la salida del presidente Eduardo Duhalde del gobierno. "Ahora tenemos prioridades que son condiciones para un eventual avance de procesos electorales. En primer lugar, el acuerdo con el FMI y los organismos multilaterales de crédito", explicó ayer el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof.
Problemas en la línea
La oficina de prensa del Palacio de Hacienda informó que Lavagna y Krueger "hablaron entre las 17,45 y las 18,15, acordaron intercambiarse documentación y mañana (por hoy) se comunicarán nuevamente".
El gobierno envió anoche una copia al FMI de la reglamentación del plan bonos para flexibilizar el corralito y además detalles sobre cómo se derogó la ley de subversión económica.
El FMI tiene dudas sobre la eficacia del programa para abrir el corralito, pues teme que existan filtraciones que aceleren el proceso inflacionario. En rigor, las autoridades del Fondo, en sintonía con los bancos extranjeros, presionan para la colocación compulsiva de títulos públicos y no optativa como propone el ministro de Economía.
De todas formas, los directores del organismo pretenden incorporar limitaciones a la reglamentación para encorsetar la salida de fondos vía la compra de inmuebles y vehículos, que es el plan del gobierno que apoyan los bancos locales agrupados en Abappra. (Ver página 4) \Debido a esta situación, el Ministerio de Economía retrasó durante la jornada de ayer la primera parte de la reglamentación del programa hasta última hora.
Previo a la comunicación con Krueger, Lavagna se había reunido por la mañana con el presidente Eduardo Duhalde para informarle respecto de la marcha de contactos con el FMI y los alcances de la reglamentación.
El plan del gobierno prevé que los ahorristas tendrán un plazo de treinta días para elegir la opción de canjear sus certificados de depósitos por bonos del Estado. Durante el fin de semana, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, había anunciado también la posibilidad de que los bancos pudieran entregar los depósitos libremente, lo que provocó una dura controversia entre banqueros.
Respecto a la ley de subversión económica, el organismo pretende el veto del artículo 4 que traslada al Código Penal parte de la legislación que estaba contenida en la norma derogada.
La Ciudad
