El detenido general del Ejército (R) Reynaldo Bignone, último presidente de facto, proclamó nuevamente ante la Justicia ser "ajeno" al robo sistemático de hijos de desaparecidos. Sin embargo, preso desde el 20 de enero de 1999, será sometido a juicio oral y público por 22 casos de apropiación de menores, hijos de víctimas de la dictadura y la mayoría de ellos nacidos en cautiverio durante el último régimen militar (1976-83).
El ex dictador, que por tener 74 años de edad cumple arresto en su domicilio de Capital Federal, amplió ayer su declaración indagatoria ante el juez federal Jorge Urso, transitoriamente a cargo de la causa penal por la sustracción de niños.
El juez, según las fuentes, presentó a Bignone nuevas evidencias incorporadas a la causa en relación con delitos contra menores cometidos en la dictadura en dependencias controladas por el Ejército. Ahora Urso deberá decidir si amplía el procesamiento del retirado general de división.
Bignone, además, fue procesado por "haber otorgado una garantía de impunidad" sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas, "mediante la suscripción de la ley 22.924 y el llamado Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo", según consta en el expediente del caso.
Se trata de los dos instrumentos mediante los cuales las Fuerzas Armadas dictaron su "autoamnistía" en la último tramo del gobierno militar, durante la gestión de Bignone, quien además ya confesó en los Tribunales haber ordenado la incineración de documentos, incluidas las fichas de los prisioneros del régimen.
Incomprensión
Con traje beige y chalina color té, Bignone afrontó ayer la audiencia asistido por su abogado, el ex ministro de Justicia de la dictadura Lucas Lennon.
"No comprendo cómo me pueden achacar responsabilidades", se quejó Bignone, quien ha llegado a reclamar públicamente un "reconocimiento de la historia" por haber "buscado la paz".
El ex dictador ha negado siempre no sólo su participación en el robo de niños sino directamente que la dictadura haya implementado un plan para la sustracción de menores, que sin embargo la Cámara Federal porteña ya consideró probado.
"Tengo la certeza de que el plan nunca existió", se defendió Bignone al referirse al robo sistemático de niños.
Repitió, también, que la estrategia del Ejército para la lucha antisubversiva fue aprobada durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, por iniciativa del entonces teniente general Jorge Rafael Videla, detenido desde 1998 por crímenes contra menores.
La ronda de indagatorias continuará hoy con el interrogatorio al también procesado ex jefe de la Armada Rubén Franco.
En el mismo expediente también fueron citados Juan Bautista Sasiaiñ (comparecerá mañana) y Carlos Guillermo Suárez Mason (el martes 18).
Además, Urso viajará próximamente a Córdoba para tomar declaración indagatoria a Cristino Nicolaides, quien no puede trasladarse hasta la Capital Federal por problemas de salud.
Bignone está imputado por la apropiación de 22 niños nacidos en cautiverio y fue convocado a ampliar declaración indagatoria a raíz de la denuncia de nuevos hechos que hasta ahora no figuraban en el expediente.
En la trágica Esma
Los procesamientos contra los militares fueron confirmados por la Cámara Federal porteña el año pasado, que en una durísima resolución afirmó que durante el régimen militar "se trasladó a la Esma a algunas mujeres embarazadas, provenientes de distintos centros clandestinos de detención, para que dieran a luz, separándolas posteriormente de sus hijos".
Los delitos que se le imputan a Bignone y sus consortes de causa fueron considerados "imprescriptibles" por la Cámara.
El 13 de marzo pasado, la misma Cámara rechazó el pedido de excarcelación de Bignone, quien aspiraba a esperar el juicio oral y público que está en camino, en libertad.
Bignone, Nicolaides y Franco, como integrantes de la última junta militar, suministraron "garantía de impunidad" al suscribir leyes y el "Documento Final" con el que la dictadura pretendió cerrar sin juicios el capítulo de la violación a los derechos humanos entre 1976 y 1983, según señaló la Cámara.
Los tres están acusados por el robo de los hijos de Inés Ortega de Fossati, Elena de la Cuadra, María Eloisa Castellini, Stella Maris Montesano de Ogando, Gabriela Carriquiriborde, Laura Estela Carlotto, María Claudia García Iruretagoyena, Liliana Delfino de Santucho, Norma Tato de Barreda y Silvia Mónica Quintela Dallastra, entre otras.
La Ciudad
