Santa Fe. - Un travesti santafesino, de nombre artístico Vaina del Río, denunció ante la Defensoría del Pueblo haber obtenido la primera colocación en una elección de la reina nacional gay, pero sin embargo el propietario de la discoteca donde se realizó el concurso en Córdoba decidió desconocer el resultado en razón de sus "características raciales" y por haber reconocido que ejercía la prostitución.
El hecho fue derivado por el doctor Roberto Mouriel de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe al titular del Inali, como también al defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y al de Córdoba, Nelson Filipi, a los cuales se les detalla la denuncia efectuada por Fernando Adrián Palacios (nombre real de del Río) el que requirió saber si la discoteca donde se realizó el encuentro contaba con las autorizaciones y si se halla en el registro nacional correspondiente.
El concurso, que se denominó Elección de la Quinta Reina Nacional Gay, se llevó a cabo el 10 de mayo pasado en el establecimiento Hangar 18 de Córdoba, ocasión en que el travesti del Río resultó ganador por decisión del jurado, pero a pesar de ello el propietario de la discoteca decidió desconocer el resultado, fundado en las "características raciales del ganador, como también en el hecho de haber reconocido éste que ejerció la prostitución".
Una operación de premio
De acuerdo a lo señalado por el joven del Río, al resultar electo en el concurso nacional gay se le debía entregar al ganador un trofeo y una orden de operación a lo cual se negó el propietario del local. Este hecho dio lugar, posteriormente, a la decisión del travesti de recurrir a la Defensoría del Pueblo.
La decisión fue calificada como "una vergüenza" por Palacios, quien sostuvo que por el hecho de haber admitido que ejerció la prostitución se le negó la entrega de los premios anunciados, motivo de la denuncia efectuada ante la Defensoría del Pueblo en Santa Fe, la que tomó cartas en el asunto frente a la presunta violación a la ley 24.515 (Inali) y 23.592, que garantiza los derechos y garantías constitucionales contra actos discriminatorios.
Como se trata de dos normas nacionales la Defensoría del Pueblo de Santa Fe la trasladó a la Defensoría nacional y también a la de Córdoba, porque el suceso se desarrolló allí.