El impulso que le otorgó el gobernador bonaerense Felipe Solá a un proyecto de ley por el cual se desobliga a los policías de franco y de civil a portar armas e identificarse ante la comisión de un delito replantea una iniciativa que en Santa Fe quedó latente hace tres años, cuando el entonces ministro de Gobierno Roberto Rosúa presentó en el parlamento una reforma a la ley de seguridad provincial.
La propuesta cosecha apoyo entre quienes piensan que es una forma de disminuir los riesgos del personal policial, que de acuerdo a la normativa vigente quedan expuestos a actuar en inferioridad de condiciones ante los delincuentes. Eso sostiene Solá, un planteo similar lanzó Aníbal Ibarra para la Policía Federal en octubre de 2001, aunque no llegó a formalizarlo, y fue la base del planteo en la reforma que impulsó Rosúa. Los objetores señalan que tener policías desarmados es desaprovechar recursos de seguridad y dejarle "vía libre" a los delincuentes. Ese argumento esgrimió el ex ministro de Gobierno Angel Baltuzzi.
La policía, a través de la Asociación Profesional Policial de Santa Fe (Apropol) consideró "ideal" que la identificación y portación de armas durante el franco sea optativa. Alberto Martínez, uno de los voceros del gremio, se manifestó "absolutamente en contra" de desarmar al personal policial, pero señaló que la desobligación de portar el arma aún cuando se encuentran fuera de servicio y de civil "es un gran alivio a la tensión psicológica" que implica estar permanentemente armado. El vocero resumió de ese modo las dos posturas.
Por qué opcional
Para sustentar que "no se puede desarmar" al policía, Martínez señaló que los uniformados siempre están expuestos a un ataque por las consecuencias que tiene su trabajo. "Siempre queda algo pendiente, por más que uno se maneje bien, porque dejó detenida a una persona y podés necesitar el arma para defender tu vida y la de tu familia", indicó. También remarcó que la mayoría de los policías viven en zonas empobrecidas, con más riesgos de enfrentar situaciones violentas, y son conocidos tanto por buenos como por "malos" vecinos.
Por eso consideró "ideal" que la intervención sea optativa. "Dentro de la jornada limitada de trabajo, que en realidad no tenemos, es bueno tener la posibilidad de no actuar ante la comisión de un delito si consideramos que la intervención pone en riesgo la vida de terceros", dijo. Martínez remarcó que el hecho de portar el arma durante todo el tiempo "provoca un desgaste psicológico muy grande" y en el caso de que la tensión dejara lugar a un error, como que se escape un disparo, las consecuencias serían irremediables. En ese aspecto señaló que la capacitación, que ofrecería más elementos en momentos de mayor riesgo o estrés, "sigue siendo un tema pendiente" dentro de la carrera policial.
Por otra parte, el vocero indicó que es "imposible" ser policía las 24 horas. "También tiene que tener tiempo para ser padre, amigo, vecino, para que el desempeño profesional no ahogue la propia vida", indicó.
En la presentación de su proyecto el gobernador Solá sostiene que quiere que el policía "pueda elegir el momento en que se da a conocer o si va a llevar arma reglamentaria o no, porque muchos asesinatos de policías están vinculados a esa obligación que le genera una desigualdad de condición frente a la delincuencia".
La propuesta fue lanzada justamente en la provincia que más víctimas policiales posee: 23 efectivos de la bonaerense y 29 de la Federal fueron asesinados en esa jurisdicción. El 40 por ciento de los policías de la provincia cayeron muertos cuando se encontraban de franco.
Con dudas
La reforma a la ley de seguridad provincial que elevó el ex ministro de Gobierno Roberto Rosúa nunca llegó discutirse en el parlamento. Hoy, el ex funcionario sostiene que el debate debe resolverse en función de los objetivos señalados en el proyecto y considera que es útil "si es un modo de evitarle a los policías una situación de riesgo en condiciones de inferioridad y se achica el margen de riesgo de la profesión".
"Cuando se designa a un policía éste asume lo que se llama el estado policial, que es permanente. Frente a las agresiones tan continuas, tan numerosas, hay quien ha pensado que si el policía fuera de servicio no tuviera obligación de portar armas se evitaría que tuvieran que intervenir sorpresivamente en condiciones de inferioridad", indicó Rosúa. "Es un debate muy viejo, muy opinable, que habría que resolver en función de los objetivos que plantea el proyecto", agregó.
Su actual sucesor, Esteban Borgonovo, cree que el tema debe ser analizado con mucho cuidado. "En el momento en que se propuso la reforma quienes la apoyaban sostenían que había muchos accidentes por llevar el arma y que si no la llevaran el resultado sería mejor. Hoy los que están en contra dicen que dado el grado de violencia privar del arma al policía constituiría un riesgo mayor de lo que era entonces", dijo.
A las dudas sobre el proyecto presentado por Solá adscribe el secretario de Seguridad Interior de la nación, Juan José Alvarez. "La lógica es que si se evita que el policía tenga que actuar siempre esto llevaría a disminuir la cantidad de personal muerto en franco de servicio. Pero hay muchos policías que dicen que en el barrio los conocen y andar sin armas sería más peligroso", planteó.
La Ciudad
