Con pronóstico reservado, el justicialismo podrá tratar mañana en el Senado la derogación o modificación de la ley de subversión económica, si se cumple un principio de acuerdo alcanzado con la conducción del radicalismo. Aún así, el destino de la controvertida norma no está nada claro ya que las profundas diferencias que atraviesan al interior de los dos bloques mayoritarios podrían incluso derivar en un empate a la hora de la votación.
Estas diferencias impidieron al oficialismo reunir el quórum necesario para llevar el tema al recinto en el día de ayer, tal como lo pretendía el Poder Ejecutivo. Al término de un agitado día de reuniones, la conducción del bloque de senadores de la UCR accedió a aportar su número para habilitar el tratamiento de la derogación o modificación de la ley, con la condición de que se reúna antes la comisión de Asuntos Penales. Si este paso se cumple, el justicialismo no debería esperar siete días para habilitar el tratamiento en el recinto.
Tras la polémica aprobación del proyecto de derogación de la norma votada hace más de 15 días en el Senado, la iniciativa pasó a Diputados, que retrucó dando media sanción a un proyecto de modificación que no conforma al Fondo Monetario. Así, el peronismo en la Cámara alta se enfrenta a la necesidad de insistir con la derogación, si no quiere dejar en total debilidad al presidente Eduardo Duhalde.
El tema es que con 32 senadores dispuestos a votar por esta iniciativa, el bloque oficialista no consigue torcer el brazo a un grupo de 8 legisladores rebeldes que ni siquiera están dispuestos a dar quórum. Dos de esos senadores, Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Yoma se negaron incluso a firmar el dictamen correspondiente (ni siquiera en disidencia) en comisión.
El justicialismo apeló entonces al acuerdo con los radicales, que accedieron a firmar un dictamen en disidencia en la comisión de Asuntos Penales. Sin ese despacho, el proyecto sólo podría votarse mañana en el recinto con los dos tercios de los legisladores presentes.
El presidente de la bancada radical, Carlos Maestro, dijo que su bloque decidió facilitar la sesión. Pero queda resolver otro tema, que causa revuelo en la bancada de la primera minoría: votar por la modificación sancionada en la Cámara baja o directamente en contra de cualquier cambio a la norma.
Maestro entiende que reglamentariamente sólo existen dos posibilidades: votar por la modificación sancionada por los diputados o por la derogación.
Sin embargo, algunos de sus correligionarios -como el santafesino Horacio Usandizaga- sostienen que la bancada de la UCR debe volver a votar como lo hizo en la madrugada fatídica del 9 de mayo, es decir en contra de cualquier modificación o derogación.
El tema no es menor ya que todo parece indicar que ninguna de las posiciones obtendrá la mayoría en la comisión, con lo cual se abre el interrogante reglamentario de cuál proyecto se votará primero: las modificaciones sancionadas por los diputados o la derogación aprobada por los senadores.
Pocos se atreven a pronosticar también el resultado de la votación en el recinto. Según estimaban observadores parlamentarios imparciales, ni la postura de derogar sostenida por los justicialistas, ni la de modificar que podría adoptar la UCR si salda sus diferencias internas, cuentan con la mitad más uno de los votos necesarios para cerrar la cuestión.
El precario equilibrio de fuerzas aguzó la ingeniería parlamentaria de un modo tal que no pocos imaginan martingalas reglamentarias para superar el empate. Algunos radicales alertaron ayer a sus correligionarios durante la reunión de bloque que mantuvieron acerca de la posibilidad de que se ponga primero a consideración el proyecto de modificación sancionado por los diputados. "Si la modificación no obtiene la mayoría necesaria, como presumimos, el presidente del cuerpo puede entender que queda entonces aprobada automáticamente la sanción original del cuerpo, es decir la derogación", advirtió Maestro.
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La Ciudad
