Editorial

Recortes en la autopista

La decisión unilateral de la empresa Covicentro de reducir en unos 20 kilómetros la obra que construye la autopista Rosario-Armstrong ha provocado un gran malestar en varios intendentes, presidentes de comuna y legisladores nacionales. Y es que, si bien se pueden comprender, resultan difíciles de justificar los argumentos que aduce ahora la empresa, entre ellos el encarecimiento de insumos como el gasoil o el asfalto, para no respetar el contrato original y plantear que concluirá la obra en la ciudad de Cañada de Gómez.
Como todo santafesino de la región lo sabe, y desde hace ya bastante tiempo, la autopista Rosario-Córdoba, como el puente Rosario-Victoria, es una de las grandes obras esperadas por múltiples razones: la actual ruta 9 se ha vuelto inoperante para el transporte de cargas y de una alta peligrosidad para los automovilistas y el servicio de pasajeros. Basta repasar las estadísticas para comprobar la cantidad de víctimas fatales que ocasiona o las pérdidas materiales por diversos accidentes. O se podrían citar los numerosos inconvenientes que se producen en los pueblos y ciudades que atraviesa.
Por ello es entendible y merece respaldarse la actitud tomada hace unos días en Cañada de Gómez por los intendentes de los departamentos Iriondo, Belgrano y San Lorenzo, junto a diputados nacionales, de salir con rapidez reclamando audiencias ante el Organismo de Control de Concesiones Viales (Occovi), el Ministerio de Economía de la Nación y la comisión de Obras Públicas de la Cámara baja, para impedir que se recorte el proyecto.
La experiencia indica que si no se actúa con rapidez y mancomunadamente es probable que en el marco de la crisis que sobrelleva el país termine por concretarse la decisión de la empresa. En tal sentido, los funcionarios deberán constatar en profundidad el proyecto de obra y cotejar las cifras que se requiere recortar debido a la inflación. De allí en más se deberían encontrar los mecanismos para suplirlos o compensarlos.
Pero de ninguna manera se puede tolerar que la empresa no cumpla con el contrato original. Implicaría otro golpe a la credibilidad de la gente y fundamentalmente a la expectativa de contar en los plazos estipulados con la conclusión de una obra tan urgente como necesaria.