El presidente Eduardo Duhalde y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, buscarán el soporte político necesario de los gobernadores del PJ para lanzar el bono del corralito durante la cumbre del lunes en Santa Rosa, La Pampa. La solución a un tema tan controvertido podría ser difundida en los primeros días de la semana próxima, según revelaron fuentes oficiales en la Casa de Gobierno.
Duhalde recibió la iniciativa de manos de Roberto Lavagna durante una reunión "a solas" que mantuvieron en el despacho presidencial durante aproximadamente media hora y dedicará este fin de semana a estudiar el proyecto de decreto "que está virtualmente terminado".
Lavagna acompañará a Duhalde a la cumbre pampeana, para explicar los alcances de la medida y despejar cualquier tipo de dudas que pudieran surgir y obtener un sostén político a la controvertida salida a la crisis financiera.
El marco es complicado para el presidente Eduardo Duhalde, que el miércoles amenazó con renunciar si no obtenía el respaldo de gobernadores y legisladores para avanzar en el paquete de medidas que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con la intención de reunir ese consenso convocó al encuentro de mandatarios provinciales de La Pampa, donde rediscutirá los términos de su gobierno.
Además del plan bonos y la información sobre la marcha de las tratativas con los organismos internacionales, el presidente pondrá sobre la mesa una alternativa para cerrar las diferencias con los gobernadores. El proyecto pasaría por aplicar un impuesto a las empresas que se beneficiaron con la pesificación, a través del cual pretende recaudar 2 mil millones de pesos, de los cuales giraría 800 millones a las provincias.
Precisamente, la relación con las provincias se complicó a partir del planteo de algunos grandes distritos para flexibilizar los términos de los acuerdos de reducción del déficit fiscal que deben firmar para complacer al Fondo. En términos generales, los gobernadores quieren reemplazar esa meta por una que se base en el achicamiento del gasto.
Lavagna asegura haber conseguido algún guiño del Fondo, durante su último viaje a Washington, para flexibilizar estas condiciones de ajuste.
El plan será instrumentado por medio de un decreto de necesidad y urgencia que luego deberá ser refrendado por el Congreso nacional, de allí la importancia de que los jefes provinciales lo aprueben.
Los depósitos
Respecto del plan bonos, el programa se basa en la oferta de dos bonos (uno en pesos y otro en dólares) para canjear por los certificados de plazo fijo reprogramados, cuya aceptación será voluntaria. Quienes no deseen tomar el título público podrán quedarse con el certificado de depósito reprogramado y esperar la devolución de los fondos según el cronograma diseñado por el ex ministro Jorge Remes Lenicov. Los ahorristas tendrán un plazo de 30 días a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial para optar por los bonos.
El proyecto contempla la oferta de un bono en dólares a 10 años, con una amortización en ocho cuotas, y el vencimiento del primer cupón operará en febrero de 2005. Se actualizará por tasa Libor. Para los depósitos en pesos se ofrecerá un bono en esa moneda a cinco años. También se amortizará en ocho cuotas y la primera vencerá en agosto de 2003. Redituará una tasa anual de 2%, más actualización por el CER.
Se contempla que en el caso de las personas mayores de 75 años tendrán la posibilidad de suscribir un bono a 3 años.
Para dotar de liquidez a los bonos y sostener su precio en el mercado el gobierno decidió permitir una serie de operaciones con estos papeles, entre las que se cuenta la cancelación de deudas bancarias, incluso de entidades diferentes a las de origen. Se podrán adquirir autos 0 km y viviendas nuevas desde el "pozo". En estos casos aún resta definir qué porcentaje podrán acreditar los vendedores en las cuentas a la vista.
Los bonos también podrán ser utilizados, sólo por los particulares, para cancelar créditos hipotecarios para vivienda única, prendarios y personales. También se podrán suscribir acciones preferenciales, de obligaciones negociables, cuotaparte de fondos comunes de inversión y fideicomisos con oferta pública en la Bolsa de Comercio. En el caso de que el Estado no pague los títulos a su vencimiento, estos podrán utilizarse para el pago de impuestos.
Se mantendrá el límite de extracción de 1.200 pesos para las cuentas a la vista, mientras que no habrá tope para las cuentas sueldo.
Los papeles podrán utilizarse para la cancelación de créditos hipotecarios de vivienda única, o saldar créditos personales o los destinados a la compra de autos, siempre que sean del mismo banco emisor. En el caso de la compra de automóviles, estos deberán ser cero kilómetro, mientras que en viviendas sólo se aceptarán para la adquisición de inmuebles desde el "pozo", o sea desde la primera fase de la construcción.
También podrán ser transformados en un título que cotizará en la Bolsa y que servirá para la compra de acciones preferenciales o podrá ser comprado por las empresas para cancelar créditos bancarios. El bono a 10 años tendrá una amortización en ocho cuotas y la primera vencerá en febrero de 2005. Será a una tasa Libor.
Para las cuentas a la vista se proyecta un bono de corto plazo que sea atractivo para descomprimir el volumen de fondos existentes en esas cuentas, con la intención de poder liberar más recursos en forma progresiva. No habría tope de extracción para las cuentas sueldo.
La Ciudad
