El escándalo de los planes sacude el tablero político

En la Casa Gris calculan que hay un sorprendente número de beneficiarios inscriptos por afuera del padrón oficial

Javier Felcaro / La Capital

El arranque del nuevo plan para jefes y jefas de familia desocupados quedó envuelto en sospechas el viernes pasado luego de la ratificación de la existencia de 4.644 beneficiarios inscriptos por afuera en el padrón oficial. Pero el escándalo podría amplificarse si salen a la luz más y reveladores detalles de una operatoria que, en rigor, ya es una triste costumbre argentina.
Todo comenzó el viernes pasado, cuando La Capital publicó la denuncia del secretario de Trabajo de Santa Fe, Oscar Ercoli, quien reveló el hallazgo de más beneficiarios que fueron inscriptos directamente en Buenos Aires. Un día después, este diario pudo saber de fuentes inobjetables que del total de programas que se pagaron, 4.644 destinatarios fueron anotados en el partido bonaerense de Adolfo Alsina.
La maniobra habría consistido en la inscripción de beneficiarios con el código correspondiente a Buenos Aires, desde esa provincia o Santa Fe, en un disquete cuyos datos almacenados luego fueron volcados al sistema general.
Además, se habrían detectado otras inscripciones con el código bonaerense, pero con domicilio de boca de pago en Santa Fe. También existirían casos en los que se fijó el lugar físico de cobro en Buenos Aires.
En el gobierno santafesino deslizan, muy por lo bajo, que el número de inscriptos en forma irregular ascendería a cifras sorprendentes. No obstante, se dio por descontado que las culpas no apuntarán hacia quienes ya hayan percibido los subsidios bajo esta metodología.
Sí se pondrá énfasis en la detección de quienes continúan con "estas prácticas desleales", se quejó un allegado al gobernador Carlos Reutemann, quien pidió estricta reserva de fuente y no descartó que la maniobra incluya entre los inscriptos a personas enroladas en algún sector político.
Todo indica que la lupa se posará sobre los responsables de haber autorizado la carga de los datos correspondientes a los beneficiarios fuera del ámbito oficial. Y también se intentará determinar con exactitud el perfil de los anotados en forma irregular en el padrón general.
El tema generó un malestar muy pocas veces visto en Reutemann, quien sigue atentamente la evolución de los acontecimientos, según se pudo apreciar en la Casa Gris. Incluso ya hubo un llamado telefónico de parte de un funcionario, cuya oficina en Balcarce 50 está a pocos metros del despacho del presidente Eduardo Duhalde, muy preocupado en desmentir la turbia maniobra.
El caso llegó al Ministerio de Trabajo de la Nación, donde se admitió que "el pescado ya estaba vendido", en referencia a la gestión que encabezó en esa cartera el actual jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof.
El entorno de Graciela Camaño se preocupó por resaltar su compromiso de llevar adelante el pago de los subsidios con la transparencia que, en teoría, debería enmarcar este trámite. De todos modos, la ministra optó por no desembarcar mañana en la capital provincial.
Entre el jueves y viernes pasados, funcionarios provinciales estuvieron en la Capital Federal recolectando más pruebas vinculadas con la gravísima irregularidad. En las primeras horas de mañana, la Casa Gris será escenario de una reunión clave en la que se irá volcando y analizando toda la información recabada hasta el momento.
Tampoco se descarta que la fiscal federal de Santa Fe, Griselda Tessio, cite a declarar en las próximas horas (en calidad de testigos) al intendente de San Javier, José Baucero; al jefe comunal de Helvecia, Víctor Hugo Flores, y al piquetero Rubén Sala para intentar desentramar la presunta venta de planes denunciada hace más de una semana.
Por su parte, los piqueteros de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación de Tierra y Vivienda de la CTA convocaron para mañana a una jornada de lucha en todo el país "contra el hambre y la miseria que afectan a millones de familias argentinas".