Una delegación de diputados provinciales constató diversas irregularidades al visitar en forma sorpresiva esta semana la cárcel de Coronda, según informó la Coordinadora de Trabajo Carcelario, que participó de la inspección. En un informe elaborado por el organismo se denunció el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención y la negación de los derechos al trabajo y la educación, en un marco que "afianza una situación de indefensión y aislamiento atentatoria contra toda la legislación vigente".
La delegación estuvo integrada por los diputados Federico Pezz, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara, Alfredo Cecchi, Eduardo Di Pollina y Alicia Tate, junto con miembros de la Coordinadora, quienes se entrevistaron con autoridades de la cárcel y delegados de los presos.
El penal aloja actualmente 1220 presos y se encuentra "al límite de su capacidad, con dos detenidos en celdas con capacidad para uno". Unos 500 internos tienen acceso a distintas modalidades de trabajo, según se indicó.
La Coordinadora denunció que, contra la normativa vigente, "se niega sistemáticamente" la posibilidad de recibir educación a los presos analfabetos, "cuando es sabido que la negativa a participar en estos espacios que son resocializadores agravan esta situación y la ya vulnerada posibilidad de reinserción social"
Además, se cuestionó el hecho de que los internos de los pabellones 10 y 12 "no tienen acceso al espacio de deporte, ni a ningún tipo de recreación ni actividades culturales", lo que resulta "un obstáculo para alcanzar los niveles de conducta y concepto indispensables para acceder a otros pabellones que tienen mayores beneficios".
El informe puntualizó además que a los internos de los pabellones 8, 10 y 12 se niega "el derecho al trabajo, aun cuando ellos han hecho propuestas alternativas que no implicarían su salida del pabellón, por ejemplo la costura de pelotas de fútbol, artesanías, confección de trapos de pisos y otros proyectos de trabajo que han sido sistemáticamente ignorados por las autoridades del Servicio Penitenciario".
Reclamo general
Por otra parte la Coordinadora consideró como "un reclamo general de la población" la aplicación de observaciones a los presos que no les son comunicadas, lo que impide apelarlas o tenerlas en cuenta. El régimen carcelario impone sanciones al interno que reúne tres observaciones "y en muchas ocasiones no conoce el motivo".
El informe replanteó asimismo los cuestionamientos al Juzgado de Ejecución Penal, transitoriamente a cargo del juez Luis Malfante. El magistrado "concurre sólo una vez por semana, quedando así libradas a su suerte las personas a su cargo. Es destacable la gravedad de este hecho en un momento donde la situación carcelaria es tan grave que cualquier hecho puede actuar como detonante".
Tener una entrevista con el juez o con el director de la unidad "resulta difícil cuando no imposible". Los detenidos denunciaron que "sus escritos o pedidos de audiencia, aun cuando sean presentados por triplicado, no son sellados, por lo que no pueden saber si llegaron a destino ni hacer reclamos".
Los presos reclamaron a los legisladores la provisión de elementos para la higiene personal y de las celdas, "porque los que no reciben visita se ven imposibilitados de cumplir con las reglas de higiene y esto repercute en el concepto que es tomado en cuenta por las autoridades y el juez para otorgar los beneficios".
Los internos indicaron por otra parte "que a partir de la presencia del director (del penal) González se ha endurecido el trato", con disposiciones como la prohibición de reuniones entre delegados de pabellones, y que en forma constante reciben alusiones despectivas por parte de los guardias en relación a los dos presos muertos en el último motín. "Los empleados que estaban de guardia -dijo la Coordinadora- siguen estando en contacto con los internos y ante cualquier reclamo de los presos reciben burlas de los empleados que les dicen «ya les bajamos a dos»". Este hecho se encuentra bajo investigación de la Justicia de Instrucción de Santa Fe.
La Ciudad
