Buscan evitar prórrogas en las concesiones de las rutas

Las renegociaciones hacen peligrar el control estatal sobre los corredores

El diputado nacional Rubén Giustiniani presentó un proyecto de ley que establece la nulidad de toda cláusula en los contratos viales que extienda los plazos de concesionamiento de las rutas más allá del 31 de octubre de 2003.
Es que una cláusula agregada en el marco de las renegociaciones dispone que si el Estado no ha abonado para esa fecha la totalidad de la deuda (por decreto las empresas perciben un subsidio anual de 180 millones de pesos por la rebaja de peajes), los prestadores continuarán con la explotación de los corredores. Y hasta que perciban lo adeudado, las inversiones necesarias quedarían a cargo de la Nación.
"Es prioritario que el Estado recupere el control absoluto de las rutas concesionadas, cuyo vencimiento opera el 31 de octubre de 2003", sintetizó Giustiniani. "El sistema vial corre riesgo de transformarse en un estado de renegociación contractual permanente que extiende el período de concesión en forma continua. La actual situación -rutas con peajes caros y moderada calidad de mantenimiento, rutas provinciales y caminos secundarios abandonados por la falta de recursos- no admite dilación, sino que requiere la recuperación por parte del Estado de la potestad para establecer un nuevo sistema vial", concluyó el diputado socialista en los fundamentos de su proyecto.
De los corredores de todo el país a los que alude la iniciativa, los que comprometen a la provincia de Santa Fe son el Nº9 de Servicios Viales SA (Rosario-Buenos Aires) y el Nº10 de Covicentro SA (Rosario-Córdoba).
El sistema en su conjunto recauda unos 300 millones de pesos y ha tenido en el período 1990/97 una rentabilidad neta del 26,4 por ciento, llegando en algunos casos al 48 por ciento. O sea que supera los niveles de rentabilidad empresaria de la mayoría de los sectores económicos de la Argentina.
Sin embargo, se han detectado incumplimientos en cuanto a las inversiones obligatorias. "Esos incumplimientos son causa suficiente como para rescindir los contratos; además, el no pago de multas fue una constante a lo largo del período en concesión, desde 1990", concluyó Giustiniani. A su juicio, resulta "impensable" para la Argentina, por su extensión y densidad poblacional, una red vial interconectada sustentada exclusivamente en los sistemas por peajes. "El Estado debe recuperar su rol estratégico para diseñar una infraestructura moderna y segura para el transporte, que posibilite el desarrollo de la economía y la integración social de sus habitantes", dijo.
El diputado socialista propone como fuente de financiamiento la tasa de gas oil, ya que un porcentaje de su recaudación está destinado al desarrollo de proyectos de infraestructura vial y a la eliminación o reducción de peajes.