Mientras arrecia el escándalo por las denuncias que siguen haciendo intendentes y presidentes comunales por la entrega y venta de planes sociales por fuera de las estructuras legales ordenadas por la provincia, la secretaria de Promoción Comunitaria, Adriana Cavuto, afirmó ayer que oficialmente no fue anunciada la postergación del pago de esos subsidios, teniendo en cuenta que el presidente Eduardo Duhalde ordenó la suspensión de los planes cuestionados hasta tanto se verifique la documentación.
La titular de Promoción Comunitaria aceptó que hechos como el denunciado estén sucediendo en otras provincias porque "el movimiento de desocupados que encabezan (Luis) D'Elía y (Juan Carlos) Alderete estaría teniendo planes para todo el país; de lo contrario no se entiende por qué para la provincia de Santa Fe se obtuvieron directamente de nivel nacional".
Lejos de bajarse los decibeles en torno al suceso, la confrontación se hizo ayer aún más dura, ya que se sumaron nuevas denuncias, como la del presidente comunal de Nelson, Guido Miserez, quien admitió el ofrecimiento de planes sociales por parte de movimientos piqueteros nacionales. Mientras tanto, los líderes de ese sector afirmaron que no existe denuncia policial alguna en las localidades de donde partieron las voces de alarma de intendentes y presidentes comunales.
El legislador bonaerense y dirigente del Movimiento Nacional del Piqueteros, Luis D'Elía, dijo que su sector forma parte del Consejo Consultivo Nacional, y que por eso dispone de una cantidad de planes para entregar, además de admitir que se cobra una comisión por acceder a los mismos. El dirigente, que calificó de "mamarracho" al intendente de San Javier, José Baucero, durante un cruce radial dijo que el mandatario reconoció que no existen denuncias penales y que no se puede identificar a los culpables.
Por su parte, el edil santafesino Juan Carlos Bettanín destacó desde el Consejo Consultivo Nacional, en Buenos Aires -donde se encontraba junto a D'Elía-, que los cuestionamientos están dirigidos a organizaciones sociales de parte de los partidos tradicionales, "pero no hay un solo dato certero ni una sola denuncia judicial".
Desde los distintos ámbitos políticos y gremiales se escucharon voces de censura por la entrega de planes sociales por fuera de la estructura legal, y mucho más por el cobro de 60 pesos para acceder a los mismos, con lo cual "se está jugando con el hambre de la gente", sostuvo el titular de la CGT disidente, Jorge Kinner. El gremialista de la UTA agregó que "esta manipulación viene desde hace tiempo" y reclamó "investigar hasta las últimas consecuencias y salir a la luz para que se sepa con nombre y apellido quiénes son estos personajes que han estado lucrando con las necesidades de la gente".
Las primeras denuncias sobre esta inscripción de los planes Jefas y Jefes de Hogar llegaron hace algo más de un mes desde los departamentos Garay y San Javier, dos de las zonas mas empobrecidas de la costa del Paraná, donde se advirtió la presencia de dirigentes piqueteros que se presentaban en localidades del interior ofreciendo esos planes sociales a 60 pesos cada uno. En San Javier, cabecera del departamento del mismo nombre, se señaló que de acuerdo a manifestaciones de esos dirigentes se disponían de dos mil solicitudes, las que se habrían repartido en distritos de la costa como Helvecia, Alejandra, Romang y Santa Rosa de Calchines.
Compromiso de Alarcón
Así las cosas, la diputada nacional María del Carmen Alarcón se comprometió a investigar a fondo "la venta de planes sociales por parte de gente que, ante una crisis tan profunda, se aprovecha de quienes más necesitan". Además, el edil radical, Leonardo Simoniello, afirmó que "en materia social están jugando con fuego".
A su turno, Alejandro Rossi, titular de la secretaría de Gobierno del municipio capitalino, sostuvo que el Ejecutivo municipal tenía puestas sus esperanzas en la transparencia de los subsidios para desempleados, pero "lamentablemente los que denunciaban el clientelismo son los responsables de que eso suceda". Si bien aclaró que la protesta del desocupado es legítima, afirmó: "Me parece un grave error de sus dirigentes bastardearla o transformarla en un planteo de clientelismo, razón por lo cual sería más aceptable que se radicalicen ideológicamente a que caigan en una práctica de la derecha conservadora".
La Ciudad
