Entidades en defensa del consumidor se reúnen contra el aumento de tarifas

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor participará mañana de una reunión nacional de organizaciones de usuarios en la que se acordará una posición conjunta frente a la renegociación de las tarifas que emprendió el gobierno nacional con las empresas prestatarias de servicios públicos. "Iremos a Capital Federal a plantear un rechazo al aumento y a pregonar el mantenimiento en la calidad de los servicios", indicó el titular de la repartición, Carlos Comi.
El encuentro nacional de usuarios de servicios públicos se desarrollará en el salón dorado de la Legislatura porteña, donde concurrirán diversas oficinas gubernamentales y ONGs del país.
Frente a la posibilidad de que el gobierno nacional acepte un reajuste en el precios de los servicios, Comi consideró que "pretender una suba de tarifas sería un golpe letal para la ciudadanía, porque antes que esto -se explayó- las empresas privatizadas deben explicar qué hicieron con la fabulosa rentabilidad que obtuvieron durante toda una década".
Pero además el área que conduce Comi redactó un documento de seis puntos para la defensa de los usuarios de servicios públicos de cara a una renegociación de las tarifas.
* Frente al deterioro de los ingresos salariales resulta injustificado un aumento en el precio de los servicios.
* Deberán ajustarse primero las utilidades y luego pensar en un aumento de tarifas, considerándose como un crédito a favor del usuario "los ilegítimos" incrementos producidos por la aplicación de coeficientes extranjeros.
* El endeudamiento externo de las empresas resulta un riesgo empresario, por lo cual no se pueden ahora socializar las pérdidas o compensarlas con reajustes tarifarios. En tal sentido el texto agrega que "la financiación mediante el aporte de terceros -sea a través de créditos bancarios u obligaciones negociables-, constituye una decisión empresaria". Es más, la entidad indica que "los usuarios no constituyen el seguro de cambio de las empresas prestadoras de servicios públicos".
* Deberá mantenerse la calidad de los servicios y todas las obligaciones contractuales. De no ser así, deberán aplicarse sanciones previstas en los contratos, incluso llegándose hasta la rescisión por culpa de la empresa, en cuyo caso el servicio podría volver a licitarse.
* Audiencia pública: antes de cualquier modificación, el Estado Nacional deberá someter la cuestión a una audiencia pública.
* Regulación del precio de los combustibles, en especial el del gas en boca de pozo. El documento exige no autorizar ningún aumento hasta tanto se acredite fehacientemente el aumento efectivo de los costos de producción.