Año CXXXV
 Nº 49.475
Rosario,
sábado  11 de
mayo de 2002
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Brusa sin paz: ahora lo acusa de represor un fiscal porteño

Perseguidos por su pasado, seis santafesinos vuelven a estar en la mira de la Justicia al haber sido denunciados penalmente por "gravísimas violaciones a los derechos humanos" durante la última dictadura militar. Uno de ellos es el destituido ex juez federal santafesino Víctor Hermes Brusa. La nómina la completan el presidente comunal de Rincón y ex comisario, Mario Facino; el ex empleado municipal Eduardo Ramos, y los ex policías Juan Perizotti, Héctor Colombini y María Eva Aebis. La denuncia fue presentada por la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional Nº6 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Eduardo Freiler.
La presentación de Freiler fue remitida a la Fiscalía del Juzgado Federal en la ciudad de Santa Fe, y se fundamenta en que luego del rechazo por parte de la Cancillería argentina al pedido de extradición contra los seis santafesinos oportunamente imputados por el juez español Baltasar Garzón por los delitos de terrorismo de estado, genocidio y torturas, la Procuración General de la Nación abrió una causa orientada a que "la Justicia argentina investigue y llegue a la verdad".
En su escrito, el representante del Ministerio Público consideró que "en base a la obligación de investigar y sancionar, el Estado argentino y sus tribunales en particular, deben reconocer activamente el derecho a las garantías judiciales de las víctimas de acceder a la jurisdicción criminal y demandar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el ámbito local".
Sin embargo, el fiscal Freiler opinó que "allí no terminan sus deberes, pues también tiene la obligación de evitar y combatir la impunidad, previniendo y sancionado toda violación de los derechos reconocidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos". Advierte el fiscal que "lo contrario se traduciría, ni más ni menos que en una violación a los derechos consagrados en los artículos 8, 25 y 1º de la Convención".
Por ello el fiscal en su denuncia solicita que "se designe el juzgado que deberá intervenir en la investigación de los hechos anoticiados" y que además se cite a "declaración indagatoria a las personas denunciadas".


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