La Justicia confirmó su procesamiento

Bello quedó a un paso del juicio oral por corrupción administrativa

La ex funcionaria menemista habría digitado una licitación a favor de una empresa informática

La dirigente peronista Claudia Bello, ex secretaria de Estado durante el gobierno de Carlos Menem, quedó a un paso de ser sometida a juicio oral por presunta corrupción administrativa en la campaña publicitaria para alertar sobre el "efecto informático 2000", ya que la Cámara Federal porteña confirmó ayer su procesamiento por "negociaciones incompatibles con la función pública".
De hecho, una de las pocas chances que tiene Bello para evitar el incómodo banquillo de los acusados es solicitar una pena alternativa o probation, pero el otorgamiento de ese beneficio dependerá del tribunal oral encargado de enjuiciar a la ex secretaria de la Función Pública, el cual aún no fue sorteado.
"La preponderante actuación que tuvo Bello permite sostener, a esta altura del proceso, el claro interés manifestado para que los trabajos contratados fueran llevados a cabo por firma Lautrec Publicidad SA" consignó la sala II de la Cámara Federal en una resolución de 104 carillas.
Los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani, de la sala II, confirmaron el procesamiento de Bello por presunto incumplimiento de los deberes de funcionaria, pero favorecieron a la ex secretaria al dejar sin efecto la acusación que pesaba en su contra por fraude al Estado.
Sin embargo, la Cámara modificó la calificación del caso y procesó también a Bello por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. También fijó en 2 millones de pesos el embargo sobre los bienes de la dirigente peronista, que inicialmente la juez María Servini había dispuesto por el doble de esa suma.
Al cambiar la calificación penal del caso, la Cámara alteró la situación de todos los acusados: Alejandro Val quedó procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, mientras el ex ejecutivo de Lautrec, Roberto Márquez, irá a juicio como cómplice de ese delito. Los bienes de ambos fueron embargados por un millón de pesos.
Héctor Burotto, Eduardo Bilotte y Gustavo Motoso, vocales del Instituto Nacional de la Administración Pública (Inap) que intervino en los contratos y era presidido por Bello, continúan imputados en el caso y la Cámara ordenó profundizar la pesquisa en torno a su posible responsabilidad en las maniobras.
Y también afrontan cargos en el expediente Pablo García Mithieux, Héctor Bernasconi, Iván Gord, Gonzalo Pavia, Carlos Solimei, Angel Pellegatta y Gianni Gasparini.
Bello, denunciada en el año 2000 por la Oficina Anticorrupción creada por la administración del radical Fernando de la Rúa, había sido procesada por fraude al Estado en una serie de contrataciones con empresas públicas.
Las dos contrataciones con Lautrec fueron adjudicadas en forma directa pese a que, según refiere la resolución de la Cámara, existía obligación legal de convocar a licitaciones públicas.

El "efecto informático 2000" jaquea a Claudia Bello.