La fiscalía pidió a la Cámara Federal porteña que ordene el procesamiento del ex presidente Fernando de la Rúa por haber "convalidado con su firma las detenciones arbitrarias e ilegales" que se produjeron al amparo del estado de sitio que había dispuesto el gobierno el 19 de diciembre último.
"Hubo un claro abuso funcional del entonces presidente De la Rúa" y del ex ministro del Interior Ramón Mestre, dijo el fiscal Patricio Evers, quien recordó que los ex funcionarios blanquearon por decreto los arrestos "ilegales y arbitrarios" registrados en las últimas horas del radical en la Casa Rosada.
Evers apeló ayer la resolución que la jueza federal María Servini de Cubría dictó el viernes con la falta de mérito de De la Rúa y Mestre por las detenciones enmarcadas en el estado de sitio, impuesto por el gobierno aliancista un día antes de su precipitada retirada del poder.
Idéntica medida adoptó Servini respecto de las acusaciones que pesaban contra el detenido ex secretario de Seguridad Enrique Mathov en relación con cinco de los homicidios perpetrados durantes las protestas que se sucedieron el 20 de diciembre.
Para Evers, sin embargo, las pruebas "permiten alcanzar un grado de certeza suficiente como para dictar el procesamiento con prisión preventiva de Mathov como autor penalmente responsable de los homicidios" de Diego Lamagna, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto, Alberto Márquez y Gastón Riva.
Mathov está preso no por los asesinatos sino por las detenciones ilegales que efectuó la Policía Federal.
La fiscalía sostuvo que "tanto De la Rúa como Mestre, abusando de los cargos de presidente constitucional y de ministro del Interior, dieron ocasión para que se legitimara la privación ilegal de la libertad de las 29 personas incluidas en el decreto del Poder Ejecutivo 1.682/01".
"De la Rúa y Mestre -agregó- sabían al momento de firmar el decreto que las detenciones realizadas por la Policía Federal no tenían el debido sustento, pues nunca se explicitaron, aunque sea de modo sucinto, los motivos de los arrestos".
Con esa convicción, el fiscal reclamó a la Sala I de la Cámara Federal que revoque las decisiones de Servini y ordene los procesamientos del ex presidente y de Mestre por el delito de privación ilegal de la libertad, y que envíe a Mathov a juicio oral como presunto responsable de los asesinatos.
"Las pruebas reunidas en el sumario son lo suficientemente elocuentes como para afirmar que el Ejecutivo no dispuso ningún tipo de medida concreta para implementar de manera racional y prudente una medida de las características que reviste el estado de sitio", abundó Evers.
Los camaristas Luisa Riva Aramayo, Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo (de la Sala I) deberán expedirse sobre la apelación fiscal y sobre las que presentaron los representantes de las víctimas.
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La Ciudad
