cartas

Cumplir con leyes vigentes

Desde que el mundo es mundo, nos han inculcado la igualdad de las personas ante la ley. En la escuela nos han enseñado que en esta vida todos tenemos las mismas posibilidades y oportunidades. Hemos ido creciendo idealizando las enseñanzas de nuestros mayores. Nadie hablaba por aquellos tiempos de globalización, Fondo Monetario, deberes de funcionario público, malversación de fondos y muchas otras cosas "modernas" que en estos tiempos están en boca de todos y no aparecen en los diccionarios. Con el pasar de los años hemos ido creciendo, madurando; aprendimos que la Constitución es un hermoso compendio de normas dictadas por un pequeño grupo de personas, políticamente encumbradas, socialmente sectorizadas y económicamente a salvo de cualquier devenir, que muy posiblemente jamás han de tenerlo como libro de cabecera y ni siquiera como libro de consulta para lograr la igualdad de las personas o el bienestar del pueblo. Ilusos nosotros que mansamente concurrimos en los actos eleccionarios y colocamos nuestro sufragio pensando que el que hasta ayer fue un ciudadano honesto, nuestro vecino, casi un amigo, de aquí en más y gracias a nuestro aporte cívico, será el político que defenderá nuestros derechos, logrará se cumpla con aquello de la igualdad de posibilidades y oportunidades y hará lo humanamente posible para que se cumplan las leyes vigentes. Ni siquiera le pedimos que se queme las pestañas en la confección de nuevas normas para mejorar la calidad de vida de las personas, simplemente le pedimos haga respetar y cumplir la legislación vigente. La realidad es totalmente opuesta. Debemos abrir los ojos a la realidad que nos rodea. Nada de lo que hemos idealizado se cumple. En el área de la discapacidad, lo expuesto no queda al margen. Cuando un gobierno provincial adhiere a lo normado en la ley 24.901, omite pagar las prestaciones brindadas a los discapacitados carenciados. En estos momento adeuda los servicios desde septiembre de 2001 a la fecha sin que haya un cronograma de pagos o voluntad política de hacerlo.
DNI 11.939.019