En medio de la profunda crisis que hoy vivimos, la Argentina se sigue desangrando por la persistencia de políticas centrales al modelo implementado por Menem-Cavallo y continuado por De la Rúa.
Gran parte del déficit fiscal que nuestro país viene arrastrando se debe a la implementación de una controvertida reforma previsional que ya lleva siete años de funcionamiento. El desvío de los aportes jubilatorios de los trabajadores activos hacia las AFJP dejó sin financiamiento genuino el pago de los actuales jubilados; dicho desfinanciamiento se cubrió con más carga impositiva, aumento de IVA y ganancias, recortes a la coparticipación de las provincias y endeudamiento. Al déficit fiscal generado debe sumarse la pérdida de competitividad de las empresas por el incremento de la presión tributaria.
Si como consecuencia del esfuerzo importantísimo que la Argentina viene realizando estuviéramos ante un panorama esperanzador de un mejor sistema jubilatorio, tal vez, valdría la pena el sacrificio realizado. A la luz de 7 años de funcionamiento, hoy hay parámetros que permiten objetivar el acierto o no, de la reforma implementada.
Hacia un país sin jubilados
El sistema registra desde su inicio casi 9 millones de afiliados, pero sólo dos millones y medio aportan mensualmente al mismo. Para jubilarse se requieren 30 años de aportes y muchos de los aportantes actuales lo hacen en forma discontinua; el porcentaje de población que estará en condiciones de jubilarse en el futuro se reduce aún más.
En una población económicamente activa de más de 13 millones de personas, el sistema privado no generaría más de dos millones, dos millones y medio de jubilados. Como contrapartida no imagino una Argentina en donde casi el 80% de sus adultos mayores no tengan cobertura jubilatoria. Una Argentina en donde jubilarse sea un privilegio. Ante este panorama será imposible la deserción del Estado de sus responsabilidades asistenciales.
Jubilados pobres, AFJP ricas
Los profetas del mercado pregonaban que la eficiente administración de éste, pondría a salvo de la voracidad del Estado los ahorros jubilatorios y los multiplicaría exponencialmente, generando la ilusión de que modestos trabajadores gozarían de lujosas jubilaciones.
Desde agosto del 94 a diciembre del 2001 los trabajadores argentinos afiliados al sistema aportaron casi 27 mil millones de pesos o dólares al mismo.
AFJP ricas, empresas pobres
Otro argumento para la privatización del sistema fue que la creación del mercado de capitales sería un motor para la expansión y crecimiento económico. En la práctica, el costo financiero siguió aumentando, el costo fiscal que significó financiar el déficit cayó sobre la mayoría de las empresas argentinas, sumándose a otros elementos que le restan competitividad alimentando el ciclo recesivo que la Argentina está viviendo.
Sólo se financiaron en este mercado de capitales el Estado nacional y las empresas beneficiadas por el proceso de reforma del estado menemista (Pérez Companc, Telecom, Transporte de Gas del Sur, Galicia, Bank Boston, Banco Hipotecario Nacional, Metro Gas, etc.).
El chanchito que come billetes
¿Usted colocaría sus ahorros en un chanchito que le come los billetes? ¿A cuánto multiplicaron las eficientes fuerzas del mercado los ahorros que se le confiaron, al doble, al triple? Los incrementaron en un 10, 20, 30 por ciento? No. A diciembre del 2001, los 27 mil millones de pesos se habían transformado en activos privados (plazos fijos, acciones, obligaciones negociables, cédulas hipotecarias) por valor aproximado a los 6 mil millones de pesos y títulos públicos por un valor “técnico” estimado en 14 mil millones de pesos.
En el mejor de los casos, los futuros jubilados han perdido casi 7 mil millones de pesos. Si cotizáramos los títulos públicos a valor de mercado y no a valor técnico, las pérdidas podrían llegar más que a duplicarse y si proyectáramos el rendimiento del sistema privado, la jubilación que podría pagar sería miserable.
Adivinanza: ¿Sabe cómo se llama un negocio en dónde el capital y el riesgo empresario lo pone el trabajador y en donde el capitalista no pone capital ni riesgo, le aseguran el cliente y además se queda con una comisión del 30 o 40% del capital administrado? Respuesta: AFJP. De los 27 mil millones de pesos que los trabajadores han derivado a las AFJP, éstas se han cobrado comisiones por casi 9 mil millones. Sí, leyó bien, 9 mil millones de pesos.
Desde el inicio y acompañadas por la complicidad oficial, las comisiones se han mencionado como un porcentaje del total del sueldo del trabajador; de esta manera parecen razonables, 3.2%, 3.5%, etc. Pero el trabajador destina sólo una parte de su salario a la AFJP: el 11%. Del aporte efectivamente realizado le descuentan un 30% en concepto de comisiones y en el mes de diciembre último, luego de la baja del aporte (del 11% se pasó al 5%), ese porcentaje ascendió, en promedio, al 40%. Esto porque hablamos de comisiones promedio, ya que si desagregamos por AFJP y por franja salarial veríamos que en las franjas salariales más bajas, las comisiones llegan hasta el 60%. Monstruoso, ¿no? \Las comisiones lejos de bajar, subieron. El costo de seguro de invalidez que al inicio representaba 2/3 del valor de la misma, bajó a 1/3; las modificaciones al régimen de traspaso determinaba una baja importante en sucursales y promotores. En la actualidad, el 70% de los nuevos afiliados es derivado por sorteo a las AFJP, sin costo alguno en su captación. En ninguno de los casos dichos ahorros se trasladaron al afiliado.
Levantar el corralito
A la gente que está preocupada por sus ahorros de hoy, que también se preocupe por sus ahorros de mañana. En realidad, éste fue el primer corralito financiero, que atrapó a casi 9 millones de personas que hoy no pueden salir del sistema a pesar de los pésimos resultados expuestos.
En pocos días más, el Congreso de la Nación discutirá el presupuesto 2002 en medio de condiciones durísimas de ajuste para distintos sectores. En el 2001 la implementación del sistema jubilatorio privado le costó al Estado 4.300 millones de pesos. ¿A cambio de qué? Aún considerando los valores técnicos, los fondos de jubilación que recibieron esta cifra sólo se incrementaron, durante ese año, en 400 millones. De 20.300 millones —diciembre del 2000— a 20.700 millones —diciembre del 2001—. Los 4.300 millones derivados forman parte de los 10 mil millones de déficit del presupuesto ejecutado. Mal negocio, ¿no? \La política hoy goza de un particular desprestigio, ya que la sociedad no percibe resultados útiles, producto de su ejercicio; cualquier gasto político hoy será considerado demasiado, hasta que nos reencontremos con nuestra legítima finalidad: utilizar el poder político para el logro de mayores equilibrios en la sociedad, ponerle freno al poderoso y proteger al desvalido, impulsar a las fuerzas del mercado a competir para ofrecer bienes y servicios de mejor calidad a costos más bajos; favorecer el desarrollo productivo y repartir más equitativamente el ingreso.
Es en el accionar de la política asociado al proceso de concentración y desnacionalización económica donde está la base de su desprestigio. Es imprescindible revertir este proceso. El Estado, quiera o no, deberá hacerse cargo de la situación jubilatoria a futuro, porque en esta dirección, vamos a un país con muy pocos jubilados que, además, tendrán jubilaciones privadas miserables cuyo pago seguirá dependiendo, en gran parte, del Estado.
No se justifica seguir generando déficit fiscal por un sistema claramente deficiente y que privilegia sólo a 13 administradoras que están vinculadas a los beneficiados de siempre. A diferencia de las concesiones de servicios públicos que contemplaban cláusulas de privilegio, con garantías de ganancias mínimas o actualización de tarifas por índices especiales y la posibilidad de resolver conflictos jurídicos en tribunales extranacionales, las AFJP no gozan de prerrogativas.
El señor Estado, el señor Mercado
El sistema de reparto previo a la reforma no era ninguna maravilla, pero generaba menor déficit que el actual; podía con recursos propios, otorgar jubilaciones a las Cajas de Industria y Comercio, equivalente al 65% del salario y daba cobertura jubilatoria a más del 65% a las personas con más de 60 años.
El Estado le metió la mano a este sistema por 3 vías: \* Pagó jubilaciones a autónomos que no habían realizado suficientes aportes desfinanciando el sistema.
* Fue muy permisivo en el otorgamiento de pensiones por invalidez.
* Y mantuvo regímenes de privilegio que no se autofinanciaban.
Pero a pesar de todo, cuando el Estado no cumplía con sus obligaciones, seguía estando ahí, se lo podía demandar y de última se cobraba en bonos, como de hecho pasó. Hoy terminará, en definitiva, haciéndose cargo de la parte más importante de las jubilaciones privadas (los títulos públicos); como así también de lo que no cubre el sistema privado, que es el 80% de la población.
En la actualidad, la situación de los autónomos con aportes insuficientes sigue existiendo y se ha incrementado; lo que deberá resolverse a futuro con un sistema asistencial que no perjudique a quienes aportaron.
La situación de las pensiones por invalidez se ha revertido y casi estamos pasando al extremo contrario. Hay que mantenerse firmes en que sólo se otorguen a quienes la merecen. Los regímenes de privilegio están en su inmensa mayoría derogados. Hay que mantenerlos así y derogar los que quedan.
Existen variantes que van, desde la apertura del corralito jubilatorio, que permita que las personas que quieran salir del sistema privado puedan hacerlo, a la suspensión transitoria de la implementación del sistema de jubilación privada, garantizándoles a los beneficiarios los mismos beneficios de aquellos que se quedaron en el régimen de reparto, hasta que una nueva reforma, en profundidad, se defina. Restituyendo el aporte del 11% a la Ansés.
Las provincias no deberían renunciar a un peso más hasta que esta situación se debata y resuelva en profundidad. Es mentira que el gasto en seguridad social es inelástico; con decisión política hay mucha tela por cortar. Una decisión de este tipo dejaría prácticamente el presupuesto 2002 con superávit. Es en estos hechos concretos donde la administración de Duhalde demostrará, en la práctica, si el modelo realmente está agotado o todavía le quedan generosas ubres argentinas que seguir ordeñando.
\(*) Vicegobernador de la provincia de Mendoza
La Ciudad
