La provincia ratificó el recorte al Poder Judicial

Desestimaron el pedido del titular de la Suprema Corte para que se deje sin efecto la poda de 22 millones de pesos

Atilio Pravisani

El subsecretario de Justicia de Santa Fe, Carlos Carranza, salió ayer a ratificar el severo recorte presupuestario dispuesto para el Poder Judicial luego de que el titular de la Suprema Corte, Rafael Gutiérrez, pidiera que quede sin efecto.
"No habrá incrementos de partidas para la Justicia; el ajuste de 22 millones de pesos lo deberá realizar ese sector de la mejor manera posible", dijo Carranza como respuesta a la advertencia de Gutiérrez de que la Justicia sólo podrá funcionar hasta octubre si no se vuelve atrás con la merma presupuestaria.
Para Carranza, los gastos del Poder Judicial "están en su mayor parte afectados a la masa salarial y la Justicia deberá funcionar hasta el 31 de diciembre, sin perjuicio de que tendrá que realizar las modificaciones necesarias para lograrlo con los recursos autorizados a gastar, de la mejor manera posible y con normalidad".
Luego agregó que dentro del actual proceso de contención de gastos en la provincia, los poderes Legislativo y Ejecutivo "han bajado sensiblemente sus presupuestos, y el ajuste en la Justicia surgirá a partir de un debate que se inicia en sus distintos estamentos", algo que ya se habría puesto de manifiesto en conversaciones entre miembros de la Corte y los distintos sectores, entre los que se incluye el Colegio de Magistrados.
Carranza destacó que el recorte no afectan las garantías de intangibilidad y de innamovilidad (que preservan la independencia de la Justicia) porque -recordó- la Corte Suprema de la Nación sólo considera violados esos derechos cuando desde algunos de los otros dos poderes del Estado, en épocas de normalidad económica, se disminuye el sueldo de los magistrados por un acto positivo. Esto no ocurre hoy porque se está frente a una situación de restricción presupuestaria muy fuerte como consecuencia de una profunda crisis económica a la cual deberán adaptarse los poderes del Estado y tomar las medidas internas necesarias.
Tras estimar que "no le consta" que haya malestar en la Justicia, Carranza adelantó que "en última instancia (la cuestión) la podrán definir los integrantes de la Corte o los ministros o magistrados, pero de ninguna manera existe conflicto de poderes".
La negativa de Carranza a dar marcha atrás con el ajuste pese al planteo de Gutiérrez acrecentaron las expectativas en torno al discurso que pronunciará mañana el titular de la Corte con motivo de quedar formalmente inaugurado el año judicial 2002.