La crisis. En pos de un nuevo acuerdo

A suerte y verdad, una nueva fórmula para la coparticipación federal

Mercier pide una transición para "acolchonar" los cambios. El impacto sobre las cuentas santafesinas

Gabriel González

No los unió el amor sino el espanto. El gobierno nacional y las provincias intentarán cerrar en los próximos días un acuerdo de coparticipación federal que ponga sobre el papel una de las exigencias más firmes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder acceder a una asistencia financiera: la eliminación del piso que se distribuye entre los estados del interior.
Los gobernadores renunciaron a la garantía que rigió desde el último tramo del gobierno menemista luego de convencerse por las fuerza de los hechos que los sucesivos pactos fiscales firmados durante los últimos dos años no tardaron en convertirse en un pagadios.
La reunión del miércoles pasado en Olivos del presidente Eduardo Duhalde y los gobernadores alumbró una nueva piedra basal para el reparto de los dineros federales, sustentada en el reparto "a suerte y verdad" de los los recursos. Pero ése por ahora no es más que un enunciado al que hay que rodearlo de cifras y porcentajes, en un escenario de sostenida caída de la recaudación e incertidumbre con respecto a la evolución de los índices macroeconómicos, en particular la inflación y el valor bruto de la producción, que hacen impredecible el ingreso fiscal.
Con tal panorama, el ministro de Hacienda provincial, Juan Carlos Mercier, dijo que la provincia está dispuesta a jugar a suerte y verdad y firmar un compromiso de coparticipación por dos años, pero aspira a incluir una cláusula de revisión que permita revisar la fórmula de reparto en el corto plazo, cuando las cifras puedan ser puestas sobre la mesa.
El punto de partida del razonamiento es sencillo: qué sentido tiene definir condiciones para un período muy largo si nadie conoce aún a ciencia cierta sobre qué terreno está parado. Se puede hablar de un 20 o un 30 por ciento sobre lo que se recauda por el impuesto a las transferencias financieras, y de asignar a las provincias el 38 o 40% de los ingresos coparticipables, pero traducirlo a números en un contexto de aguda recesión e incipiente rebelión fiscal es por ahora aventurero.
El ministro Mercier se queja porque pagan "justos por pecadores" y se esfuerza por mostrar que las cuentas santafesinas están más equilibradas que las de otros distritos grandes como Córdoba y Buenos Aires, pero de nada le sirve. "El poder porteño instaló ante los organismos internacionales una visión de como se manejan las cuentas y quienes son los culpables que nos mata", trina el jefe de Hacienda.
Pero el espanto que significa estar parado de cara al abismo ayudó a amalgamar posiciones sobre la base de una mínima cordura. Está claro que el FMI no está dispuesto a desembolsar un sólo dólar, ni siquiera aquel auxilio por 1.260 millones que Cavallo fue a buscar el año pasado, -para tropezar con un portazo en la cara- si el gobierno nacional no da garantías de que las provincias ajustarán sus gastos. De allí surge la imperiosa necesidad de cortar de una vez por todas con el piso fijo para ir a ganancia y pérdida. Claro que esto tiene su límite, según admitió el ministro del Interior Rodolfo Gabrielli ante los gobernadores, porque la mayoría de las provincias están al borde del "estallido social".
En esa cruda realidad se ampara Mercier para pedir un período de transición en la instrumentación de los cambios que permita acolchonar, al menos en un principio, la segura caída de los ingresos federales. Las provincias justicialistas quieren asegurarse que la vieja fórmula se extienda hasta el mes de marzo inclusive y acordar un mecanismo de revisión a corto plazo.
La caída del piso de coparticipación también determinará cambios en la estrategia de refinanciación de deudas de la provincia. Hasta ahora el gobierno de Reutemann había elegido un camino propio para evitar ceder el 13% que le recortaron a otras jurisdicciones que accedieron a un acuerdo con la Nación. Jugando a suerte y verdad esa diferencia se perderá, por lo cual Mercier se acogerá a un bono nacional que se emitirá a 16 años con 3 de gracia, a descontar de la coparticipación. Santa Fe debe asumir obligaciones por unos 100 millones de pesos con bancos, siempre que las deudas sean pesificadas uno a uno.
Hay otro dato positivo: está bien encaminado un waiver del Banco Mundial que le permitiría a la provincia acceder a 180 millones de dólares (!) del Banco Mundial, que serían un bálsamo para las complicadas cuentas provinciales. Claro está que nadie verá un peso si no hay un arreglo global con el FMI.