El economista Daniel Azpiazu, especialista de la Flacso en servicios públicos y regulación, dijo que "las privatizadas no están dispuestas a irse del país aunque amenacen con hacerlo", y opinó que la vuelta de los cortes de luz o gas "sería simplemente un chantaje, porque se puede atender la demanda actual sin mayor inversión".
Azpiazu afirmó que el gobierno debe imponer "urgentemente" retenciones mayores a la exportación petrolera y mejores condiciones para los usuarios de servicios públicos privatizados al renegociar los contratos.
Para el autor de "Cara y contracara de los grupos económicos", -que escribió en colaboración con Eduardo Basualdo- el tema de los contratos es algo que debe definir el gobierno cuanto antes, planteando "los incumplimientos que tuvieron las empresas en el pasado y el riesgo empresario que deberán asumir en el futuro".
-¿Cómo se va a plantear y con qué armas la renegociación que va a encabezar el ministro Remes Lenicov?
-La idea sería en principio apuntar sólo a las tarifas. Pero van a tener que involucrar algunos temas que exceden lo tarifario, como la calidad y la incumbencia del control de las privatizadas. Todo parece indicar que no va a ser fácil, y que va a ser una pelea de Tyson contra (Horacio) Acavallo, con las privatizadas trayendo todo el aparato de sus consultoras, contra cinco o seis técnicos solitarios de Economía. Van a decir que se frena la inversión y que baja la calidad, en un marco de muchas amenazas. Un error que cometió el gobierno fue demorar tanto en sacar el decreto 293 (que conformó la comisión para renegociar contratos), porque permitió un avance brutal del lobby de las privatizadas y sus países de origen. Que haya venido Felipe González y que Aznar llame todos los días no son datos menores.
-¿Y qué tiene el gobierno para perder?
-La amenaza latente es que "nos vamos". Pero si el país estuvo dispuesto a declararse en cesación de pagos, también puede decir "váyanse, y llamamos a licitación de nuevo". Son tantos los incumplimientos que el Estado está en condiciones de sacarles la concesión, o al menos plantear eso en la mesa de negociación. Si se pone firme, hay posibilidades de que algunas empresas amenacen con irse. Pero una empresa que tiene una rentabilidad del 40%, por más que se reduzca al 20% no se va a ir porque sigue siendo un negocio bárbaro. Incluso si se reduce a cero durante un par de años no tendrían que preocuparse, después de haber saqueado durante 9 años y sabiendo que tienen un contrato por 95 más. El riesgo empresario, que estas empresas nunca tuvieron, tiene que aparecer de una vez.
-Existe un problema social asociado a este tema. El desocupado se enfrenta a la posibilidad de un corte de servicios por mora.
-Cada vez hay más morosos y seguirá aumentando, y las empresas están tratando que el Estado se haga cargo de ellos. Y uno de los planteos que más crece en las asambleas vecinales es el no pago de los servicios, que puede llegar a hacer masivo el problema. Hay algunos planteos para establecer tarifas sociales con los que estoy de acuerdo pero sólo si son financiadas por un aporte que salga de la rentabilidad empresaria. Porque los estados provinciales y municipales, como el nacional, no están en condiciones de absorber ese costo, y además si lo hicieran estarían garantizando la continuidad del nulo riesgo empresario. El contraargumento que ponen las privatizadas es que cuando firmaron los contratos no sabían que iba a haber tantos pobres... Pero eso lo tendrían que haber pensado antes, ¿no?
-¿Qué pasaría si se empiezan a indexar las tarifas?
-Acá hay que dejar algo en claro: cuando hubo deflación de precios en Argentina indexaron por precios de Estados Unidos, y ahora que hay inflación en Argentina pretenden indexar por precios locales... Esto es un lujo, además de haber violado descaradamente la ley de convertibilidad. Entre 1991 y 2000, por ejemplo, las empresas se llevaron 9 mil millones de dólares adicionales sólo por haber indexado siguiendo los precios de Estados Unidos.
-¿Con qué herramientas y capacidad de gestión se quedó el Estado para volver a manejar los servicios públicos en un eventual escenario de renacionalización?
-En el caso de Azurix se dio temporariamente la administración a los trabajadores para llamar de nuevo a licitación. En la mayoría de los casos sería mejor que se vayan y que se hagan nuevos contratos con mejores marcos regulatorios y más recursos, y después ir a juicio. Si en el gobierno estuvieron dispuestos a declarar la cesación de pagos y decirle que no al FMI, bueno, que dejen que se vayan y ya va a venir otra.
-Hay también amenazas de cortes de luz.
-Si hay cortes de luz yo hablaría de boicot o chantaje, porque la demanda de luz y gas suele subir levemente y este último semestre bajó, así que se podría cubrir sin nuevas inversiones.
-¿Y en qué cree que va a desembocar el tema de las retenciones a la exportación de petróleo?
-Bueno, a mí me sorprendió mucho al designación de Alieto Guadagni en Energía, que es un hombre muy vinculado a las petroleras. Son empresas que tienen costos en pesos y exportan a precio dólar, con lo cual la retención debería ser mayor todavía, y no deberían aumentar nada. A mí me pareció poco el 20%, y a eso respondieron agresivamente con la amenaza de diez mil despidos en los pozos, cuando la ley de emergencia económica prohíbe expresamente los despidos por 6 meses. Además no se pueden negociar las tarifas de electricidad y gas si no hay una previa negociación con las petroleras, que son en definitiva las que determinan el precio de la electricidad y el gas. Incluso yo tengo un temor que puede parecer medio delirante, pero creo que hay un riesgo cierto de que, si no se les imponen mayores retenciones y con un dólar que eventualmente llegue a 3 pesos, puedan llegar a exportar gas a lo loco y poner un reservorio en Chile dejándonos sin gas en tres días. Técnicamente pueden hacerlo, y encima siguen construyendo gasoductos. Es un recurso no renovable, y eso también debería influir hacia arriba en las retenciones.
-¿Las privatizadas se beneficiaron tanto como los conglomerados nacionales por la licuación de pasivos?
-Los grupos económicos se confunden y se mezclan. Techint y otros muy volcados a la exportación fueron los más beneficiados, pero la licuación sirvió también a extranjeros y privatizadas. Lo que me parece más dramático es que a pesar de que a todos les fue muy bien siguen las presiones de un sector por la dolarización, y hasta se recrudecieron los lobbies a favor de un seguro de cambios retroactivo, cosa que nunca se hizo, ni siquiera Cavallo en 1982. Entre los 50 grupos más "licuados" hay 25 empresas privatizadas, y la utilidad financiera que tuvieron por la licuación está en unos dos mil millones de dólares, cifra equivalente a lo que en conjunto ganaron el año pasado. Por eso el FMI lo único que pide es un poco de racionalidad, y que no sigan despilfarrando recursos sin pagar a los acreedores externos. (Télam)
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